Transición democrática y reforma política

Alternancia en los gobiernos y transición democrática no son sinónimos. Tampoco la democracia electoral equivale al paso de un régimen con resabios autoritarios a uno en el que la democracia sea el fundamento del Estado de derecho y de nuevas sinergias entre el Estado y la sociedad; la actual reforma, más electoral que política, no garantiza una vía de tránsito hacia una democracia sustantiva. De hecho, las modificaciones realizadas sobre la dimensión electoral desde los años setenta propiciaron un cambio controlado desde las elites del poder del sistema de partidos y posteriormente, de los cambios en las relaciones entre esos institutos y el régimen político, una vez que irrumpe el gobierno dividido entre Legislativo y Ejecutivo en 1997. Época en la que nace el primer intento serio por construir una autoridad electoral legítima, que rendirá sus frutos con la alternancia presidencial del año 2000.

Entre reformas políticas de arriba hacia abajo y la insuficiencia de medidas eficaces para destrabar la herencia autoritaria del régimen de partido hegemónico, nuestros debates sobre la reforma que se necesita y los acuerdos y proyectos que enarbola el Pacto por México, se cuestionan sobre la vigencia y expectativas de la llamada transición democrática. ¿Cómo sentar los fundamentos de tal proyecto transformador? Las condiciones irrenunciables de esa transición, se refieren a un pacto social renovado, capaz de articular consensos que refuercen la soberanía popular. Por lo tanto fortalezcan una reconfiguración de la categoría pueblo y de los resortes políticos de carácter incluyente que puedan enunciar y hacer valer el interés general como núcleo orientador del sistema de partidos, del régimen político, del gobierno y del Estado. De ahí que sea irrenunciable apostar por una reforma política de Estado, como paso inicial del resto del paquete de reformas “estructurales”.

Otra condición irrenunciable de tal transición, es el poner fin a la impunidad, en sus manifestaciones públicas y privadas. Que impere la ley como fundamento del Estado de derecho. Aquí es donde reside la parte más difícil de alcanzar, pues se trata de juzgar los crímenes del pasado reciente, al menos de 1968 para acá, de manera que legalidad y legitimidad se acerquen y garanticen la demanda elemental de certidumbre jurídica y justicia eficaz y expedita, lo cual ya plantean movimientos sociales que defienden y promueven una amplia gama de derechos humanos, cuya expresión más visible, pero no la única, es el movimiento por una Paz con Justicia y Dignidad. Si bien la Ley de Víctimas, publicada en enero de 2013, presenta avances innegables en tal sentido, la memoria colectiva registra masacres y asesinatos de Estado que no se han esclarecido: Acteal, las más de 100 mil muertes durante el gobierno de Calderón…

Una transición democrática auténtica no puede renunciar a la construcción de una nación generosa, nutrida en y desde la interculturalidad de los pueblos y naciones que conforman este país. La democracia de la modernidad liberal, que está en los orígenes del régimen político que tenemos, tiene una deuda social histórica frente a los mundos de vida excluidos. Mientras persistan racismo, discriminación por motivos de género, edad, religión, o estatus económico, no podrá haber un piso de confianza pavimentado por la democracia. Están pendientes los Acuerdos de San Andrés, que pusieran sobre el tapete los zapatistas. Falta pensar en las autonomías regionales, como instancias de reconocimiento de los pueblos originarios. Falta enjuiciar la dimensión económica del modelo orientado a la exportación, productor de pobreza y desigualdad social. Son otros los caminos reformistas para poder alcanzar la transición democrática. Dudo que las actuales reformas apunten hacia ella.

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