Política y elecciones; reformas disociadas

A Manuel Castells, empoderador

de otra comunicación

Tanto la reforma político-electoral, como la energética, se siguen negociando de espaldas al ciudadano. Grupos cerrados de las oligarquías partidistas, designados por las cúpulas que firmaron el Pacto por México, deliberan y acuerdan en lo oscurito, lo cual debilita al Congreso de la Unión como espacio privilegiado de debates públicos; instancia de por sí cada vez más distante de los intereses que supuestamente representan, pues es manifiesta su incapacidad para agregar intereses generales de eso que llamamos el bien público, y que se muestran insensibles respecto de las demandas democratizadoras de los movimientos sociales. Javier Corral, senador por Acción Nacional, da a conocer recientemente los temas reales de la reforma político-electoral que puede aprobarse, sin que siquiera el Poder Legislativo los haya discutido a fondo.

La agenda es amplia y variada: la reelección legislativa en el orden federal; nuevas atribuciones para el Congreso en la ratificación del nombramiento de titulares de algunas secretarías clave, en la vía de crear un futuro gobierno federal de coalición; la formación de un organismo constitucional autónomo para luchar contra la corrupción, en sustitución de la Secretaría de la Función Pública; el refuerzo de cierta autonomía para la Procuraduría General de la República; la creación de dos fiscalías autónomas del Ministerio Público, en materia electoral y anticorrupción; legislación secundaria para regular la propaganda gubernamental, garantizar la comunicación ciudadana y reglamentar el derecho de réplica. Sin embargo, el tema que creíamos protagónico: un Instituto Nacional Electoral, pasa a un plano secundario en el que se desdibujan sus objetivos iniciales de acotar la discrecionalidad y opacidad de los partidos; ni habrá elecciones más baratas, eficientes, ni transparentes, y los gobernadores seguirán metiendo mano en el proceso electoral.

Prácticamente, se dejará fuera del debate la Ley General de Partidos, lo que aleja la esperanza de acotar el monopolio de la representación que ejercen, con lo cual las candidaturas independientes y la misma reelección, contradictoriamente, reforzarán la partidocracia. No se empoderará al voto ciudadano para definir las listas de las diputaciones proporcionales, las cuales seguirán siendo botín de las oligarquías partidarias, ni se asegura que los procedimientos de elección interna de candidatos a puestos de elección popular sean democráticos. Si la reforma político-electoral era la carta de cambio de Acción Nacional para condicionar la reforma energética, ese partido se queda así en la vía de subordinación al proyecto gubernamental de Peña Nieto. Cada vez queda más claro que el tema energético se plantea desde el gobierno y el Estado corporativo mundial, lo cual reunirá irremediablemente al PRI y al PAN en el mismo barco.

El primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, logró posicionar en el imaginario político que sustentan los partidos firmantes del Pacto por México, la necesidad de convergencia en una coalición que, sin embargo, es efímera por coyuntural y pragmática. De aprobarse la reforma político-electoral y luego la energética, ese Pacto habrá cumplido con creces su cometido. Empero, la brecha que separa a representantes y representados se amplía peligrosamente, pues los partidos son incapaces de agregar intereses públicos mayoritarios. Si el Pacto por México evidenció la distancia que separa a las cúpulas dirigentes partidarias de sus legisladores, con la excepción del nuevo PRI cuya maquinaria partidista se disciplina al Presidente de la República, aún es más grande la incapacidad mostrada por partidos y gobierno para procesar los conflictos sociales que cada reforma suscita, los cuales se amplificarán con una reforma energética, sin una reforma político-electoral capaz de agregar intereses generales y resolver conflictos sociales. 

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