Periodismo de investigación

Habría que preguntarse por qué el periodismo de investigación va mucho más adelante que la justicia. Responder a ello implica varias dimensiones de la vida pública que felizmente se conjuntan para darnos a conocer lo que los actores del poder callan, omiten o, lo peor, quieren esconder. La muy difusa opinión pública plantea exigencias cada vez mayores sobre las raíces de los acontecimientos que se informan; hay una búsqueda de verdad y un sacudimiento de las conciencias en esas labores periodísticas bien documentadas, que acompañan y a la vez condicionan eso que llamamos calidad de la democracia: ¿es vigente el imperio de la ley, el Estado de derecho? ¿A quién beneficia y a quién perjudica el que haya transparencia y acceso a información pública? ¿Qué impide que se rindan cuentas por parte de los servidores y cargos públicos ante la ciudadanía y, en su caso, ante las instituciones de la justicia?

Mientras que proliferan investigaciones acuciosas sobre casos de corrupción, impunidad, déficit o sesgo de los aparatos de justicia, tanto en medios locales, nacionales e internacionales, más crece nuestra frustración al constatar el desfase entre lo que conocemos, lo que suponemos debería de contribuir a la solución de los graves problemas dados a conocer y la inoperancia de las instituciones gubernamentales para asumir las consecuencias derivadas del conocimiento público de hechos, cifras, relaciones de complicidad, identificación de responsabilidades y presuntos culpables, que dimensionen el problema detectado y su impacto en nuestras vidas y sus cotidianeidades. Las emociones, sentimientos y modos de razonar que detonan esas investigaciones, transforman nuestra percepción del mundo y redefinen nuestras expectativas sobre lo posible y lo deseable. Pero ¿qué hacemos con la información que tenemos, si no depende de nosotros el manejo de las consecuencias legales, penales o administrativas?

Esas soluciones no le tocan al periodismo de investigación, pero sí le compete el dar cuenta y seguimiento de los efectos que su propia acción informativa produce. El equipo periodístico de Carmen Aristegui, por poner un caso afortunado de investigación sobre el conflicto de intereses alrededor de la Casa Blanca del Presidente Peña y su esposa, nos dio elementos juiciosos, críticos, sobre el perverso círculo entre impunidad y corrupción que acompaña no solo al Ejecutivo federal, sino a su entorno más inmediato, lo cual ha repercutido en una mayor observación de todos los cargos públicos actuales y del pasado. La presidencia de la República ha intentado diversas medidas para recomponer la confianza en la figura presidencial, pero la superficialidad de los cambios emprendidos, al negar la independencia debida de las investigaciones encargadas al amigo-empleado, en la Secretaría de la Función Pública, ha incrementado la desconfianza sobre los alcances del combate a la corrupción y la desesperanza sobre el fin de la impunidad.

Se aplazan cambios importantes como la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General y todavía no aparece en el horizonte de la creación de instituciones, la independencia ciudadana para la fiscalización, al estilo de un Tribunal de Cuentas, que se apropie del conocimiento y llevarlo a la denuncia fundada y a los debidos procesos civiles, penales, administrativos que frenen corrupción e impunidad. Qué bueno que investigaciones periodísticas visibilicen demandas de justicia; buenas y malas noticias, que sepamos que José Murat, ex gobernador de Oaxaca, tiene propiedades carísimas en Nueva York, o que los familiares del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, se corrompieron al calor de su administración, pues mientras que la corrupción esté inmersa en los aparatos de justicia no hay esperanza de que termine la impunidad. El periodismo de investigación empuja el sentido de justicia, pero frustra nuestros deseos de una justa realidad.

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