Peligran el Pacto y las reformas

Se están mostrando los límites del Pacto por México, pues en su origen reside su falta de viabilidad como instrumento para establecer consensos practicables, creíbles y con mecanismos de seguimiento y evaluación de los acuerdos alcanzados. No podía ser de otra manera, pues la concepción política que le dio nacimiento apostó por un acuerdo entre las elites partidistas y el Ejecutivo federal, cuya representatividad y vínculos con el abigarrado mosaico nacional que es México son de dudosa calidad. Si bien el regreso del PRI al gobierno federal ayuda y es ayudado por el refuerzo del presidencialismo, donde se centraliza la dirección de partido y gobierno, la expresión de los poderes regionales en los gobernadores estatales no dejan de manifestarse en los cabildeos que se hacen en torno de los detalles de las reformas.

      Las contradicciones internas del Pacto por México se encuentran en diversos órdenes y escalas del ejercicio democrático. No es un pacto nacional; la sociedad, la idea de ciudadanía está sólo en el discurso retórico. Además, ni el gobierno federal, ni su partido, consultan a los gobernados ni a sus militantes afiliados; tampoco lo hacen Acción Nacional, ni el PRD. Por ello, el Pacto se circunscribe a la narrativa que son capaces de articular las cúpulas partidistas en consonancia con las propuestas del presidente Peña Nieto. Afloran cada vez con mayor fuerza las divisiones entre senadores y diputados federales de los dos partidos de oposición, quienes convocan a salirse lo más pronto posible del Pacto. Se están agotando las negociaciones de cuotas de poder entre los partidos alrededor de lo que se ofrece a cambio de apoyar tal o cual reforma, y actualmente peligran la reforma electoral y la reforma energética.

      Paradójicamente, en la partidocracia está el origen de los males que empantanan al Pacto. Entre los 95 acuerdos que lo conforman, el relativo al Instituto Nacional Electoral ilustra la dificultad para consensuar una reforma siquiera electoral y no digamos política. Mientras que el presidente de la república y los tres partidos firmantes del Pacto acordaron la creación del INE, algunos de los legisladores, encabezados por Ernesto Cordero, del PAN y Manuel Camacho, del PRD, lo desecharon (15-05-2013) y en cambio propusieron 40 modificaciones de carácter político-electoral, que no están del todo contenidas en el Pacto por México. Fue una sublevación contra sus respectivas dirigencias partidarias y un reclamo de autonomía para sus legisladores, porque el Pacto los considera simples escribanos de los acuerdos cupulares que toma. Sin embargo, ni partidos ni legisladores consultaron a sus bases o a sus representados, para modelar su propuesta. Con Pacto o sin él, las reformas se conciben como cotos de poder partidocrático.

      Recientemente, hay otros actores que cobran fuerza y reclaman participar en la orientación de las reformas: los gobernadores estatales. Primero el del Estado de México, Eruviel Ávila; luego el del DF, Miguel Ángel Mancera; después el de Jalisco, Aristóteles Sandoval, han “endurecido el cabildeo para aplicar ajustes al modelo del Instituto Nacional Electoral, el cual ya no suprimirá los órganos locales en la materia, aunque sí los renovará y designará a sus relevos, además de apoyar la fiscalización de los procesos comiciales. [Así] Los líderes partidistas en el Senado parecen haber encontrado la cuadratura al círculo para sacar adelante el tema.” (El Universal, 07-11-2013) Es muy probable que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se reúna la próxima semana para reforzar su cabildeo. No obstante, si las reformas permanecen como letras de cambio entre la partidocracia, queda la pregunta si estos cabildeos incluyen concesiones frente a la reforma energética.  

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