Mover a México… al borde del abismo

Vaya que pesa el imaginario social sobre el Presidente y sobre la institución presidencialista mexicana. Cada Informe de Gobierno significa una suerte de catarsis colectiva en torno del proyecto de país y del futuro que nos depara. ¿Qué tan convincente y aceptable resulta el gobierno federal en los balances sobre su gestión? El Ejecutivo de la nación sale mal parado de las encuestas recientes, al no lograr siquiera la aceptación de la mitad de los encuestados, cuando han pasado apenas dos años de su sexenio. Desafecto que es inversamente proporcional a una estrategia publicitaria triunfalista y engañosa. Cada una de las once reformas tiene opositores que muestran grados muy diversos en su falta de aceptación sobre las bondades difundidas por la Presidencia de la república. Y la legislación secundaria que implica cada una de ellas está derrumbando las alianzas priistas con actores que apoyaron las versiones constitucionales de esas reformas.

La energética, con la oposición más visible, agrega a millones de personas que exigen que se redefinan los alcances de la reforma. El PRD entregó dos millones 364 mil firmas a la Cámara de Diputados, que apoyan se haga una consulta ciudadana, cifra que supera al dos por ciento del listado nominal de electores que requiere una consulta nacional, para revertir la reforma constitucional. Otros movimientos sociales llaman a la convergencia de todos los opositores, por considerar que la reforma energética atenta contra el futuro nacional. La reforma educativa no pudo fomentar la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; luego del espectacular golpe –publicitario- por la detención de Elba Esther Gordillo, encuentra en la calle a profesores opositores movilizados que han resistido el cerco criminalizador gubernamental y mediático, así como una débil correa de sumisión corporativa de la estructura sindical, ahora oficialista.

Ante la diversidad regional y nacional de los actores sociales afectados por la reforma fiscal, se ensancha la distancia entre gobierno, Estado y sociedad, pues las corporaciones empresariales y sindicales, así como organizaciones de comerciantes y agricultores, no coinciden plenamente con la política económica y fiscal federal. Así, el Ejecutivo federal depnde de sus alianzas con gobiernos estatales y municipales, al tiempo que los poderes regionales condicionan su apoyo al plan reformista en su conjunto. Por su parte, las prioridades de la política federal alrededor de un modelo económico de reprimarización, protege los intereses de las empresas extractivistas y no asume los conflictos socioambientales que las empresas paraestatales también provocan. Con lo cual están creciendo movimientos sociales de origen étnico y campesino que se oponen a la acumulación capitalista basada sobre la desposesión de la tierra donde residen los recursos minerales y primarios para la exportación.

Las reformas de las telecomunicaciones y la política, tienen en común que lejos del derecho a la información y de promover la participación ciudadana en los medios electrónicos, limitan los debates y los medios para lograr despertar el interés común nacional, al arreglo de conflictos entre las elites, partidistas o mediáticas, sin que los poderes republicanos los moderen. Dicho llanamente, las once reformas acentúan el control que ejercen los poderes fácticos, sin que la democracia participativa encuentre su espacio de expresión para que emerja la heterogeneidad de intereses, agregados o dispersos, y con ellos las formas de negociación, o de deliberación, que una república de ciudadanos demanda. Sin reforma política y mediática que propicien el debate entre las racionalidades enfrentadas por proyectos nacionales divergentes, se instala la ficción democrática sin condiciones para que el país alcance la “prosperidad”. Mientras no se combata la corrupción, ni se rindan cuentas y se logre un ambiente de paz, caminamos hacia el abismo.


 

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