Legislación del agua fallida

Aún no alcanzamos criterios de calidad democrática en el proceso de legislación. Hay variados factores que impiden una representación de calidad, tales como la falta de consulta entre expertos, la marginación de los usuarios o destinatarios de la legislación en proceso de debate, o la generación de un espacio público que enriquezca la deliberación mediante la exposición de razones y enfoques diferentes o complementarios respecto de la legislación que se discute. Lo que pasó con la ley anticorrupción, o muy recientemente con la reforma de la ley del IFAI, muestra que la labor de los legisladores no se puede encerrar dentro del rígido espacio del Congreso de la Unión, sino que se necesitan nuevos procedimientos de consulta, de discusión, de apertura de espacios de escucha para todas aquellas voces cuyos intereses no se ven tomados en cuenta en los contenidos de la legislación respectiva.

De las legislaciones contra la corrupción y de la reforma al IFAI, recientemente aprobadas, quedan algunas lecciones importantes a considerar. Ambas, registraron una coalición legislativa entre partidos opositores al PRI que si bien es coyuntural, deja abiertas posibilidades de replicar la experiencia. También, las dos nuevas leyes contaron con una posición activa de organismos sociales que se veían concernidos con esas legislaciones. Su convocatoria hacia la opinión pública, ayudó a una mejor representación del interés general, el cual ya no es una función exclusiva de los políticos profesionales que ocupan un cargo electo. Sin embargo, la Ley General de Aguas, está pasando por un proceso que parece no reflejar estos aprendizajes. Un proyecto de ley que suscitó reservas y críticas de expertos en la materia, unidos con organizaciones sociales atentas a la privatización de un bien estratégico para los derechos de ciudadanía, tuvo que ser aplazado en su discusión en San Lázaro.

Académicos de la UNAM y miembros de las organizaciones Agua para Todos, Red de Acción por el Derecho al Agua en México, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), la Alianza Mexicana contra el Fracking, dieron a conocer su diagnóstico sobre las afectaciones ambientales y sociales que derivarían de la aprobación de la Ley General de Aguas, en la versión enviada a los legisladores. Defensores del interés general, estos organismos se preocupan por las intenciones privatizadoras de un bien público cuya gestión corresponde al Estado, además de objetivos no explícitos para favorecer la reforma energética, particularmente en el uso de recursos hidráulicos para el desarrollo industrial, atraer así la inversión privada y dotar toda el agua que, en su momento, demandaría el fracking o fracturación hidráulica, para la obtención de gas y petróleo. Una tecnología muy cara, en proporción a los precios bajos de esos energéticos, pero a la que no se puede dejar espacio legal para su futura explotación.

Las críticas planteadas por académicos y organismos sociales alertan que: “En el artículo 116 de la ley se refiere al trasvase como la explotación de ‘aguas nacionales’ trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta”. Sin que operen criterios de racionalidad pública sino de rentabilidad privada. En el artículo 9, la legislación propone requisitos laxos para que las mineras usen y exploten el agua. Lo cual significa que las empresas mineras van más allá de una concesión, pues tendrán el derecho a usar toda el agua que quieran sin condicionantes, pues se libran de evaluaciones y análisis de impacto ambiental. Además, el establecimiento de tarifas de cobro garantiza a los inversionistas ante cualquier presión social o política. Académicos y organismos civiles tienen una iniciativa que debe de ser tomada en cuenta, para que la legislación del agua no sea fallida.

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