Investigaciones, derechos humanos y geopolítica

Hasta dónde intervino el Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa? Es una pregunta que cobra importancia en el marco de lo que investiga, u omite investigar, la Procuraduría General de la República (PGR). La información brindada por Proceso, en su más reciente edición, formulada con base en testimonios, investigación documental y entrevistas a personajes clave, abren preguntas para las cuales aún no hay respuestas articuladas por parte de los responsables de esclarecer los móviles, los crímenes y las desapariciones forzadas del 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero. El desafío para la justicia es inconmensurable: la política de seguridad militarizada significa más de 22 mil personas desaparecidas forzadamente, más de 70 mil ejecuciones extra judiciales, más de 160 mil desplazados de sus viviendas. Hay más de 7 mil denuncias contra el Ejército, de las cuales ¡sólo 15 implicaron una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos!

Los crímenes de Tlatlaya, sentaron como precedente que se puede llevar a tribunales civiles a miembros del Ejército, lo cual genera inconformidad en los responsables de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México. Voltear nuevamente hacia las Fuerzas Armadas, por su posible vinculación con Ayotzinapa, incrementa la desazón pública. A ello contribuye que la principal hipótesis de la investigación emprendida por la PGR, la del “basurero de Cocula”, se derrumbó por su insostenibilidad técnica respecto a la demanda energética para la incineración de 43 cuerpos y al reporte satelital, que no ubicó tamaña pira monumental requerida en el basurero aludido. ¿Qué sabe la PGR y qué está ocultando? ¿Por qué no hay investigaciones sobre los integrantes del destacamento militar que de alguna manera se hicieron presentes aquella fatídica noche del 26 de septiembre? La opinión pública no es responsable de las investigaciones, pero necesita información creíble.

La presión internacional va en aumento. Si bien el gobierno mexicano aceptó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documente las violaciones en esa materia, hay iniciativas para que la Corte Penal Internacional (CPI) también intervenga en las investigaciones, puesto que México ratificó el Estatuto de Roma en 2005. Mientras que la primera, junto con el organismo de Naciones Unidas especializado en derechos humanos, emite recomendaciones al Estado mexicano, la CPI responsabiliza a personas físicas, en la medida que las instituciones de procuración de justicia no quieren o no pueden llevar a juicio a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes cometidos. Estos son procesos que llevan décadas y no se avizora en el futuro inmediato una Comisión de la Verdad, autónoma del Estado, que actúe de inmediato. Además, la criminalización de los organismos defensores de los derechos humanos en México, obstaculiza que la documentación local contribuya a la justicia internacional.

Establecer la verdad en cuanto a móviles y responsables, tiene  un trasfondo geopolítico. Pues la militarización de la seguridad tiene el visto bueno de Washington, cada vez más preocupado por los riesgos que significa la inestabilidad política de su vecino. La visita de Enrique Peña Nieto a Estados Unidos, en enero próximo, se enmarca en esas coordenadas de la seguridad binacional, aunque en aquel país los defensores independientes de los derechos humanos están fiscalizando permanentemente las violaciones y transgresiones a la ley y tienen hipótesis que no concuerdan con las versiones oficiales del gobierno mexicano. La geopolítica, invitada de piedra en esa visita, nos recuerda que a tan sólo una hora de Iguala, se encuentra la mina de oro más importante de Latinoamérica, con potencial extractivo de más de 60 millones de toneladas. En esta región, se produce cerca del 98 por ciento de la amapola mexicana.

 

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