Crisis de Estado; emergencias públicas

El Estado mexicano autoritario se sumerge en una crisis sin precedentes en la historia reciente del país. Sotto voce en la vida cotidiana y como demanda fuerte en diversas movilizaciones sociales, se visualiza como posibilidad o se muestra una enérgica exigencia: la renuncia del Presidente Peña Nieto. La máxima expresión de fracaso para el partido, el sistema político y los poderes mediáticos que lo encumbraron y que lo publicitan con sus 11 reformas estructurales, sus subastas de alcance “global” para el mercado de las privatizaciones. Un Presidente que se esconde y trata de esconder la impunidad política sobre la que se asienta un régimen autoritario. Fracasado el Pacto por México, surge un nuevo llamado de la presidencia a fundar un pacto pretendidamente social pero que aún comanda la partidocracia, ese conjunto de elites partidistas que tienen el poder constitucional para pedirle su renuncia, pero cuya complicidad sostiene al Ejecutivo federal.

Ahora es tarde para creer en un pacto que salve al Presidente como Jefe de Estado. La ilegitimidad tocó fondo. No podemos esperar que las elecciones intermedias de 2015 ofrezcan credibilidad sobre un sistema incapaz de dar seguridad, sin ofertas reales de justicia frente al crimen, organizado o atomizado; sin proyectos redistributivos y sin formatos incluyentes en la economía formal. Además, la concentración del poder presidencialista vulnera la autonomía de los poderes republicanos, pues sin auténtica separación entre ellos, el Legislativo da la espalda a los representados y el Judicial se pliega ante el deslinde de responsabilidades frente a un Presidente fortalecido hasta el blindaje autoritario. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, orienta su jurisprudencia a favor de la supuesta coherencia constitucional del Ejecutivo. Sin embargo, la descalificación de las Consultas Ciudadanas en torno de la reforma energética, el salario mínimo, la disminución de diputados, mete una presión insostenible sobre la conflictividad social.

En contraparte, hay emergencias públicas en dos sentidos, como urgencia frente a la radicalización de las demandas ligadas con Ayotzinapa y los 43 normalistas desaparecidos, que exigen poner fin a la impunidad política; pero también como nacimiento de lo nuevo que emerge, pues hoy la democracia está a debate en las calles, y el quehacer nace de la creatividad social en su accionar contra el autoritarismo y por la (re)invención de sueños en un nuevo país. No es casual que las universidades ofrezcan espacio para el ágora fundadora de lo público, lugares desde donde irradia el diagnóstico informado, que hacen visible lo no dicho por medios autocensurados. Espacio para pensar en ese nosotros iguales pero con derechos para ser diferentes. Si esta crisis de Estado tiene algo similar al 68, es el papel impulsor de la imaginación pero no para llevarla al poder, sino para hacerlo horizontal.

¿Podremos transitar del Estado autoritario al Estado social en esta coyuntura? Emergen con fuerza ideas para enfrentar la crisis en y desde las acciones colectivas. Ellas van desde la elección de una Constituyente de orientación popular, hasta reformas constitucionales de amplio calado (Alberto Olvera), que pongan fin a la impunidad política y terminen con el Fuero; autonomizar una nueva Fiscalía General de la República y de los estados, que sea producto de consultas sociales y acuerdos entre los tres poderes; Policía nacional y policías estatales bajo mando único, que devuelvan al Ejército a los cuarteles; lograr la autonomía de las comisiones de Derechos Humanos, nacional y estatal, poniendo además fin a la “colonización” de los organismos Públicos Autónomos; respeto efectivo a las leyes electorales para impedir el asalto de los poderes fácticos. Autonomía y profesionalización del Poder Judicial. Estas emergencias de lo público ofrecen ya un país democrático alternativo. 

 

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