Crimen de Estado; fascismo societal

Además del autoritarismo del régimen político responsable del asesinato de los jóvenes normalistas y de población inerme en Ayotzinapa, Guerrero, estamos en un momento de envilecimiento del régimen social, que nos sitúa ante la impostura de contra valores civilizatorios. Al crimen de Estado, por omisión y por comisión, que es propio de un Estado débil, ausente para los excluidos pero cómplice del crimen organizado, se suma un régimen social que, de acuerdo con el sociólogo portugués, Boaventura de Sousa, podría caracterizarse como fascismo societal. Un régimen que puede tener una fachada democrática en lo político, pero que intenta naturalizar, dar por necesario y legítimo, que la violencia y la supresión del otro sea una suerte de daño colateral, que la sociedad paga para mantenerse y vivir sin enfrentar las crisis de valores entrañada en esa destrucción aparentemente inevitable de quienes pueden ser prescindibles, es decir innecesarios.

Crece con fuerza y se instala entre nosotros una sociabilidad fascista, que naturaliza la destrucción y la desaparición, forzada, de los débiles y excluidos que no son inmediatamente rentables. Un fascismo del apartheid social, que opera bajo principios racistas y discriminatorios. Si los 43 desaparecidos hubiesen sido empresarios o funcionarios de alto rango, el país se habría detenido y entrado en una crisis de gobernabilidad profunda. Pero como se trata de jóvenes campesinos indígenas y pobres, se impone la biopolítica que desgarra a la sociedad del atraso que está al borde del salvajismo, contra la sociedad civilizada del contrato social que si merece la ley. Un fascismo del Estado paralelo, que se aleja del Estado de derecho y deja el ejercicio de la justicia bajo una doble vara de medición: la justicia expedita para los civilizados que cuentan con un contrato social reconocido y la negación de justicia para quien no la puede pagar ni comprar.

Además, la privatización y la subcontratación en la apropiación de lo público, sus espacios y sus bienes públicos, acrecientan un poder regulatorio que no está sometido al control democrático; un fascismo paraestatal, que favorece al gran capital patrimonial, sin una regulación social en la que la población participe. Así, los territorios de estados “atrasados”, como Guerrero, Oaxaca o Chiapas, sucumben ante el embate del poder del dinero y sus poblaciones son víctimas de la llamada acumulación por desposesión, que expulsa a los habitantes de esas zonas empobrecidas. Población debilitada en sus derechos de ciudadanía más elementales, que emigra internamente o al extranjero. O que permanece y algunos luchan contra la exclusión y contra la educación utilitarista. Contra ellos, el fascismo paraestatal usa la mano dura, la criminalización de la protesta, pues gobierno y estado privatizados se ven amenazados por las demandas de justicia y equidad.

El espejismo de la representación política, el que aparenta abrir los espacios de las instituciones democráticas, sin incluir, sin construir valores de convivencia civilizados, crea fascismos populistas; y ellos permean a todos los partidos políticos, con el beneplácito de los poderes fácticos. El PRD, o al menos la corriente dirigente, deterioró la confianza de su electorado; ni Guerrero, ni Chiapas, ni Oaxaca, gobernado en coalición, están al margen de estos crímenes de Estado, aunque se vistan de ropaje populista. Siguiendo con Boaventura, el fascismo de la inseguridad, que se militariza y reviste su carácter policial, rentabiliza el incremento de la ansiedad y la incertidumbre social en políticas públicas que alimentan ilusiones que son incumplibles sin la violación sistemática de los derechos humanos. En la cima, el fascismo financiero, aparentemente pluralista e incluyente, es, a decir de Boaventura, el más virulento por ser refractario a cualquier intervención democrática. Su poder discrecional, dinamita la esencia de un Estado social justo, legítimo.

 

japreco@hotmail.com

Blog de análisis Glocal NICAM

OMPA aquí-allá: http://nicam-ompa.blogspot.com/