Constituyente ciudadana y popular

La fuerza simbólica del 5 de febrero como hito fundador de la nación en 1917, se expresa en un esfuerzo organizativo del imaginario social del país deseado sin precedentes. Aunque la historia reciente registra varios esfuerzos por refundar al país, su pacto social, su sistema político y régimen de gobierno, la presentación pública de la Constituyente Ciudadana y Popular, en un ejercicio de autoconvocatoria a quienes imaginan un país más justo y equitativo, con un nuevo entramado constitucional, recoge diagnósticos diversos, no necesariamente divergentes, sobre la profunda crisis de legitimidad y de legalidad causada por el persistente autoritarismo que corroe al Estado mexicano. ¿Qué tan viable es un proceso transformador de esta magnitud? ¿Cuál es la herencia dejada por demandas previas por una nueva Constitución? ¿En qué reside la originalidad y fuerza, de la convocatoria de este 5 de febrero? ¿Cuáles son los riesgos y  las debilidades previsibles?

La primera iniciativa de Nueva Constitución y Parlamento Ciudadano la impulsa un grupo del centro del país: Tlahui-Politic desde 1996 (http://www.tlahui.com/conmx0.htm), su proyecto de Nueva Constitución Ciudadana logró más de un millón de consultas. Luego vino un Congreso Social por un Nuevo Constituyente (http://congresosocialnacional.blogspot.mx/), y después un Congreso Popular, Social y Ciudadano. Se buscaban convergencias unitarias entre ciudadanos y movimientos sociales, a fin de discutir y consensuar una Nueva Constitución. Esos aires constituyentes de finales del siglo 20, se ven disminuidos por las esperanzas abiertas por la alternancia panista en el gobierno federal de 2000, pero la persistencia del fraude y de la inequidad electoral, el deterioro de la representación de los intereses generales, el desencanto con el papel de los legisladores, la desconfianza en los partidos, en lo que va del siglo 21, más la frustración entrañada por el voto en blanco, hicieron reemerger la demanda de un país radicalmente nuevo.

Encabezados por el Obispo Raúl Vera, un grupo de ciudadanos-as detonaron desde hace algunos años todo un proceso de consulta horizontal sobre lo que ofrecía la Constitución de 1917, pero que fue deformado, traicionado, sesgado; su diagnóstico: “El crimen contra la legalidad y el pueblo cometido por los integrantes del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y Judicial, al usurpar las funciones que por derecho nos pertenecen. Al reformar contenidos esenciales de la Constitución alterando la forma y el sentido nacional y social del Estado surgido de la Revolución Mexicana, sin que mediara un proceso equiparable al Constituyente de 1917. El grado de ilegitimidad y de ilegalidad alcanzado los inhabilita como representantes de la nación, al faltar a su juramento de respetar y hacer valer la ‘Ley Suprema’ que rige a mexicanas y mexicanos.”

En reacción a la “montaña de agravios e injusticias que los grupos gobernantes y las empresas trasnacionales han cometido contra las mayorías nacionales en los últimos 35 años [dramáticamente coronados por Ayotzinapa]; tiempo en que se profundizaron el despojo y la ocupación neocolonial de nuestro país.”, la Constituyente tiende a refundar una idea integral de ciudadanía, a la vez económica política y cultural, y a reconstituir la idea de pueblo como un sujeto diverso y complejo portador de una utopía constitucional. Sin embargo, asoma el riesgo de la dispersión y la fragmentación política, pues hay diferencias insalvables con los partidos que atenderán las elecciones del 7 de junio próximo y persisten fuerzas que paralelamente convocan a un nuevo constituyente, como la cita en Chilpancingo este mismo 5 de febrero, en el que algunas fuerzas políticas guerrerenses de maestros, estudiantes, movimientos sociales locales acuden, sin establecer vínculo alguno con un esfuerzo de alcance nacional. El Estado-nación, la ciudadanía y lo popular, tendrán que redefinirse. Sin ello, no hay constituyente posible.

 

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