Ayotzinapa: politizar la relación Estado-sociedad

Los 43 normalistas desaparecidos hacen visibles problemas fundamentales que enfrenta el sistema político mexicano: la erosión profunda de las relaciones Estado y sociedad. Así como esta tragedia resume dolor y rabia, también hace vislumbrar dónde están los problemas y que visos de soluciones parciales se pueden imaginar a condición de que haya algo que articule y les dé coherencia entre sí. Se teje una nueva narrativa de la política que está al margen y en contra de la política desacreditada de los partidos, aunque hay divergencias sobre el uso de ella para construir un espacio de lo público, para conformar o para convivir con un gobierno que se considera alejado pero al que se necesita pedirle cuentas. Nuevos formatos de participación social exigen a su vez una crítica contundente al Estado, como conjunto de instituciones dedicadas a normar, legitimar y reproducir un orden social determinado por el poder. Los campos de disputa en las relaciones Estado-sociedad que Ayotzinapa hace emerger son:

1) La impunidad política creada por la connivencia entre cárteles del crimen organizado y distintos órdenes y poderes de la república, así como del sistema político y de partidos; 2) la crisis de gobernabilidad proveniente de la incapacidad del Estado para brindar seguridad a toda la población; 3) la corrupción del sistema judicial que hace inoperante la procuración e impartición de justicia, la inoperancia de la Ley de Víctimas, que abandona a familiares y población afectada sin la debida restitución de daños; 4) la vulnerabilidad y debilidad en la aplicación de las leyes electorales, para evitar la penetración de los poderes fácticos del dinero, incluyendo al crimen organizado; 5) el creciente debilitamiento de los organismos públicos autónomos, particularmente de las comisiones estatales y nacional de Derechos Humanos, que son colonizados por el reparto de cuotas de poder entre los poderes políticos y partidistas; 6) la ineficacia de las políticas de seguridad pública, por estar centradas en la represión, sin esfuerzos proporcionales en la investigación policial, en políticas de prevención, ni en la comprensión y actuación frente a la raíces estructurales de la violencia. Ejército y Marina, realizan así tareas que competen a la policías; 7) criminalización de la protesta pública, sin asumir las demandas emergidas desde la vida cotidiana de quienes se sienten afectados por diversas políticas gubernamentales y sin capacidad de escucha. Lo que representa gravemente la crisis de las normales rurales y su desmantelamiento sistemático.

No obstante la gravedad del conjunto de problemas que hacen de Ayotzinapa un hito en la historia de violencia e impunidad política, hay emergencias públicas que están creando espacios, arenas de deliberación, que propician debates informados entre diversos sectores de la población, dentro de los cuales las universidades y sus comunidades académicas se plantean temas estratégicos para alcanzar paz con justicia y dignidad. El gran desafío que tendrá el paro nacional del próximo 20 de noviembre es ampliar su convocatoria hacia una sociedad que ya no cree en la vieja política, pero que aún no encuentra cuál política permitiría incluirnos a todas-os en procesos participativos que garanticen un Estado social renovado. El paro nacional por Ayotzinapa, aún sin tener un carácter netamente cívico, pues por ahora el paro tiene como eje a las universidades públicas, será activo y reflexivo. Transformar la rabia y el dolor dejado por la muerte y la destrucción de poblaciones enteras, de tejidos sociales y redes familiares fragmentadas o desechas por esa violencia multifronte: estructural, institucional, de género, cargada de racismo, discriminación, exclusión de los pobres y más “débiles”, jóvenes, ancianos, mujeres, indios, campesinos. Politizar la relación Estado-sociedad para erradicar toda expresión de fascismo societal.


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