Ayotzinapa interpela al Estado mexicano

Emerge con fuerza un polo nacional popular que está sostenido por la autoridad moral, ganada a pulso, de los familiares de víctimas y desaparecidos de la Normal rural de Ayotzinapa. Al gobierno le incomoda el surgimiento de una movilización sistemática y sostenida, de quienes demandan justicia, esclarecimiento de los hechos, castigo de los responsables, fin de la impunidad política y de toda forma de corrupción, cambios en la legislación y en las instituciones gubernamentales relacionadas con la justicia y la seguridad pública y ciudadana. Le incomoda a tal grado que lanza una estrategia concertada entre los distintos poderes y órdenes de gobierno. Las muestras más recientes: la llamada Ley anti-marchas que fue desempolvada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el fin de contener, delimitar, restringir el derecho de manifestación y, en otro espacio público, la declaración del titular de la Secretaría de Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz, quien consideró que los familiares de las víctimas del caso Aytozinapa están siendo manipuladas con el objetivo de "lucrar con su dolor".

Contener la protesta pública y descalificar la autoridad moral de los familiares de los normalistas, impide llegar a soluciones de fondo, que atiendan las causas que están generando muerte y destrucción de vidas en este México ensangrentado, lleno de dolor y de rabia. No bastan las diez medidas propuestas por Enrique Peña Nieto para supuestamente enfrentar los problemas de seguridad pública. Es tramposo querer encapsular en la escala municipal lo que proviene de una marea que inunda a todo el edificio de las instituciones del Estado mexicano. A quien familiares de víctimas y desaparecidos inculpan como responsable, por omisión y por comisión, de los crímenes y violaciones de los derechos humanos. Fue el Estado, sintetiza una conclusión que tiene, ciertamente, una fuerza subversiva que significa un flechazo contra el desorden y el caos destructivo que el Estado no puede controlar. La marca México S.

A., con su estela de corrupción y su expresión máxima en la impunidad y la ausencia de justicia, quiere ser subvertida por ese polo popular nacional que están encabezando los familiares de los normalistas de Ayotzinapa.

Intentar cooptar la autoridad moral de esos familiares desgarrados por la tragedia de perder a sus hijos, de no encontrarlos;

llamar desde el gobierno a superar la pena sin ofrecer soluciones radicales a sus demandas; planificar medidas cosméticas de orden meramente policial, o aplazar la justicia así sea con millonarias inversiones prometedoras de progreso futuro en las regiones donde campean las alianzas entre el crimen organizado y las instituciones del Estado, son un conjunto de acciones percibidas por padres y madres de los normalistas, junto con los movimientos sociales que les acompañan, como inaceptables.

La participación de los padres de Ayotzinapa ante los Senadores, el 9 de diciembre pasado, muestra la profundidad con la que ellos interpelan la acción pública estatal. Vidulfo Morales, su representante jurídico, resume los puntos medulares del documento que entregaron ante esa instancia: Presentación con vida de los 42 jóvenes normalistas desaparecidos;

Justicia pronta, imparcial, castigo a todos los culpables materiales e intelectuales de los hechos. Atención médica y reparación del daño para los lesionados. Autorización del Senado para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acuda a Guerrero. Desaparición de poderes en Guerrero porque "todos los municipios están infiltrados por la delincuencia organizada". Suspender las elecciones estatales en Guerrero en 2015. Ratificar la competencia en México del Comité de Desaparición Forzada de la ONU. Solicitar a la PGR que abra todas las líneas de investigación posibles. Detrás de los familiares de Ayotzinapa está una justa y radical interpelación al Estado mexicano.

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