Autoritarismo; dolor y rabia

El 8 de octubre, más de sesenta marchas, 10 de ellas en el extranjero, que sumadas a varias marchas anteriores, plantones y huelgas de normalistas, tienen en común su lucha contra el autoritarismo en todas sus dramáticas expresiones: la presentación de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, municipio de Iguala, Guerrero; el esclarecimiento del brutal asesinato de tres manifestantes ejecutados bajo el impune velo del crimen organizado; la reorientación de la política federal, estatal y municipal frente a la tragedia cotidiana por la que atraviesan las Normales Rurales, fuente de la movilización que despertó la ira represiva de un gobierno local del PRD, en Guerrero, gobernado también por el partido del Sol Azteca. Este año, 160 estudiantes de la Normal Rural de Oaxaca, fueron encarcelados por reclamar sus derechos, pues 50 pesos diarios no les bastan para sostenerse y poder llegar a la escuela.

El gobierno local de Iguala jugó en dos pistas igualmente macabras: una, criminalizar, para descalificar la protesta pública y así intentar justificar la represión sobre manifestantes que en su desesperación tomaron autobuses para acudir a una muestra de descontento en la capital guerrerense; otra, reprimir y atemorizar hasta el extremo terrorista violento, escudado en el poder destructivo del crimen organizado, con el que se vinculan y pactan poderes locales y extralocales. La primera pista logró que mentes timoratas acudieran al expediente de la mano dura como medio para contener la protesta social, la segunda, desnudó la complicidad tejida por este gobierno local con el crimen organizado, pues la desaparición forzada de 43 estudiantes fue ejecutada por fuerzas regulares de la policía municipal y paramilitares dependientes del narco, cuyos compromisos con el Presidente municipal de Iguala habían sido evidenciados mucho antes por diferentes órdenes de gobierno y por el mismo PRD.

“Hay municipios iguales o peores en Guerrero”, declaró Carlos Navarrete, dirigente del perredismo nacional, en una conferencia de prensa en la que su partido pidió perdón a víctimas y afectados por la violencia. Las redes de poder construidas por el crimen organizado no lo dejan mentir, aunque tampoco justifican las omisiones en que incurrieron partido y gobierno estatal en Guerrero. La impunidad con la que actúan los diferentes cárteles en unos 250 municipios del país, se evidencia con esta ausencia del Estado mexicano; omisiones, olvidos, complicidades que cobran hoy víctimas entre estudiantes del medio rural empobrecidos que no quiere asumir la política educativa gubernamental. El racismo y la discriminación por razones de etnia o de posición económica no son cuestiones que pueda resolver la proliferación del Ejército, de la Gendarmería Nacional, o policías de distintas corporaciones. Se trata de la persistente colonialidad del poder que acompaña y reproduce el Estado mexicano.

Ayotzinapa cimbra simultáneamente problemas estructurales desatendidos de carácter económico, político, educativo. También cuestiona la estrategia nacional de seguridad y su implantación local. Guerrero no es Michoacán, pero comparte rasgos que potencian o que impiden soluciones de fondo. 17 de los 43 estudiantes desaparecidos, son de la Costa Chica de Guerrero, una región donde hay experiencias positivas de organización social autónoma para procurar la justicia: 52 vehículos con 600 policías comunitarias de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG), se suman a la búsqueda de los jóvenes desaparecidos. Ellos se internan en las montañas, saben dónde buscar, y no se irán de ahí hasta que encuentren a todos los desaparecidos-as. Gobierno y partido en Guerrero tienen que rendir cuentas, antes de renunciar si investigaciones jurídicas muestran y dimensionan omisiones y faltas. Régimen y sistema político y de gobierno no se pueden desentender de la justicia; tampoco de las demandas que originaron este conflicto. Dolor, rabia, activan la memoria colectiva.


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