Autoritarismo y democratización en Argentina y México

El XIV Encuentro Internacional sobre Cultura Democrática, organizado por el Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza, de la Universidad de Guadalajara, con el auspicio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, tuvo lugar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Se abordaron los casos de Argentina y México, desde una perspectiva comparada por parte de académicos sobresalientes de ambos países. Como en todo esfuerzo comparativo, se identificaron similitudes y diferencias, lo cual enriqueció las visiones de las distintas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, para analizar e interpretar las transformaciones en curso, el carácter y sentido que toman en un horizonte democratizador, pero también se identificaron los obstáculos que representan residuos autoritarios en el caso argentino y los peligros de la regresión autoritaria que está registrando dramáticamente el caso mexicano.

¿Qué tanto influye la política económica sobre la cultura democrática? El gobierno argentino intenta superar el carácter neoliberal de las economías de mercado, mediante una política industrial y de asociación regional autónoma que antepone las políticas sociales frente a las prioridades del ajuste fiscal y los imperativos de estabilidad macroeconómica financiera, a costa del deterioro del salario. Ha priorizado procesos de integración regional e intercambios sur-sur, que se vinculan con formatos de integración comunitaria como el Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas, que le brindan considerables márgenes de autonomía frente a la prevalencia de tratados de libre comercio, que impulsan afanosamente Estados Unidos, la Unión Europea y varios países del Pacífico asiático. Se intenta rescatar al Estado como inductor del crecimiento económico y la distribución de la renta, en oposición a la centralidad del mercado. Sin embargo, Argentina sufre una economía neoextractivista que propicia crecientes exportaciones de materia prima sin procesar, lo cual genera graves conflictos socioambientales y espacios de confrontación entre gobierno y sociedad.

Mientras que Argentina se aleja de las reformas de mercado conservadoras del Consenso de Washington, aunque preocupantemente su inserción al mercado mundial signifique exportar productos agropecuarios y energéticos en proporción mayoritaria, el gobierno mexicano da centralidad a las reformas de mercado, mediante un modelo orientado a la exportación que si bien genera un nicho industrial de exportación de manufacturas, cobra creciente importancia la exportación de materias primas sin procesar, particularmente las energéticas. En México aumenta la desigualdad, particularmente la miseria y la exclusión social. Su modelo socioeconómico no ofrece crecimiento y es concentrador el ingreso. Las llamadas reformas estructurales acentúan esas contradicciones, que harán crecer los conflictos sociales en un marco de regresión autoritaria, cuyo régimen político enfrenta una de las peores crisis, situación revelada por la erosión del Estado de derecho mostrada por Ayotzinapa.

Si la democratización supone la ampliación de derechos económicos, sociales y culturales, que sustentan una ciudadanía social integral, tanto Argentina como México, enfrentan debates sobre el modelo de desarrollo a seguir. En ambos casos hay una sociedad movilizada que cuestiona alcances y resultados de las políticas públicas, haciendo emerger nuevos conceptos sobre el ambiguo y maltrecho desarrollo. La gran diferencia es que mientras en Argentina prevalece el Estado de derecho y su gobierno tiene capacidad de interlocución y de operación de acuerdos políticos con los actores del poder y del contrapoder crítico, en México están obturados los mecanismos para acordar y hacer pactos sociales incluyentes. El Pacto por México mostró su debilidad, pues puso al servicio del gobierno federal acuerdos entre las elites partidistas para llevar a cabo las reformas constitucionales y la legislación secundaria que las acompaña. La falta de respaldo, léase legitimidad del gobierno actual, incluso con sus diez medidas sobre seguridad, ahonda el déficit democrático.


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