Audaz, legalizar mariguana

Al organizar el primer Foro de consulta sobre la legalización de la mota, el PRD detonará un debate que por su audacia cimbrará el debate público en torno a las drogas y al amplio espectro de temas que vincula. Las razones del mercado: ¿se abatirá el costo de esta droga blanda al legalizar su consumo? El argumento de la seguridad: ¿disminuirán los asesinatos asociados con el crimen organizado? Los jóvenes: ¿dejarán de ser pasto de consumo para las bandas criminales? ¿Barrios enteros ya no serán plazas en disputa por los cárteles? ¿Un enfoque de salud pública y de combate a las adicciones podrá suplir estrategias policiales y militarizadas de la seguridad, fundadas sobre una guerra que nació fracasada? En un marco de conflicto entre cárteles que luchan por el mercado interno y el trasiego internacional de estupefacientes, es una apuesta audaz.

Cabe preguntarse si un estado federado podría acotar en sus fronteras una legalización que no se generalizaría al resto del país. El federalismo mexicano dista mucho de la autonomía que gozan estados como Washington o Colorado en Estados Unidos, que legalizaron el consumo de la hierba, a la par de medidas legales que van relajando el uso y acceso del cannabis con fines medicinales y hasta recreativos en unos 15 estados de Estados Unidos. En Uruguay, primer país del mundo que legaliza la mariguana, esta fase se entiende como experimental y por lo tanto como reversible si sus resultados son negativos. Hay muchas aristas a considerar: el mercado legal de la mota puede ser infiltrado por la delincuencia organizada, a pesar de las previsiones que el gobierno uruguayo está tomando con el registro de productores, de previsiones fiscales impositivas y nuevas regulaciones para la producción, distribución y venta. José Mujica, presidente de Uruguay, acepta que su país no está preparado para convivir con esta legalización, pero la audacia potencia otras maneras de enfrentar el problema del narcotráfico y la destrucción de vidas. Vincular drogas y violencia desde un enfoque de salud pública abre vías alternas a la guerra contra el narco.

Una parte de la sociedad uruguaya preparó el terreno con anticipación a la legalización emprendida por el gobierno de Mujica en 2013. Ahí existía un tejido de organizaciones sociales que luchaba por tal legalización desde hace más de 40 años. Por ello, más allá del respaldo mayoritario en la coalición política que gobierna en Uruguay, existía el precedente de movimientos sociales que luchaban por terminar con la hipocresía de una sociedad supuestamente permisiva, pero bloqueada a legislar fielmente prácticas privadas cotidianas, digamos de los fumadores de mota. Con esa base social, hay condiciones que respaldan la organización de grupos para el autocultivo de la mariguana, oportunidades para crear instituciones estatales dedicadas a la regulación y control del uso del cannabis, lo cual tampoco niega conflictos persistentes: los farmaceutas no están dispuestos a venderla; los psiquiatras previenen contra el riesgo de incremento hacia drogas más peligrosas.

Es audaz lanzar un debate así, pues en esencia se trata de reivindicar que vale más luchar por la vigencia y expansión de los derechos humanos, que alimentar una guerra sin fondo contra el narco que está perdida de antemano. Este debate tiene, además, antecedentes y repercusiones internacionales. Nixon, en 1971, inaugura la guerra contra el narcotráfico, como una cruzada “moral” de Occidente contra el uso de drogas. Desde entonces, la política internacional estadunidense es la del gendarme mundial militarizado, sin acciones integrales para combatir las raíces del crimen organizado. Si legalizar la hierba significa quitarle piso económico al narco y esto disminuye las muertes, bienvenida la audacia.

PROFESOR INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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