No tiene nombre

No tiene nombre es una expresión coloquial con profundo significado. Cuando consideramos que alguien está actuando mal, la aplicamos para manifestar nuestra sorpresa y desagrado. Significa que aquello que rebasa los límites de lo ético, lo honesto, lo legal, lo decente… no existe manera de nombrarlo.

Una vez más el diario estadunidense The Wall Street Journal sacó otro trapito de Peña Nieto al sol. Curiosamente los gringos se enteran primero de los asuntos de corrupción que padecemos en México. Pero no solo se enteran primero, sino que los difunden a los cuatro vientos. Desafortunadamente debido a esta vergonzosa situación, en el resto del mundo suponen que los mexicanos somos gente de dudosa honorabilidad.

El escándalo más reciente publicado por WSJ se refiere a otra propiedad de incierto origen cuyo propietario es el primer mandatario de la nación. Se trata de otra casa, ahora en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, el feudo del clan en el poder.

De nueva cuenta surgen en el panorama múltiples sospechas del origen de esa propiedad, y de nueva cuenta Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia, sale a dar la cara siguiendo al pie de la letra las instrucciones de su jefe: “La casa de Ixtapan de la Sal -dice- es absolutamente legal y se ha cumplido con todos los requisitos de la ley”. Sin embargo Sánchez no aporta pruebas que lo demuestren. La chamba de un vocero de cualquier institución -y más si se trata de una institución de gobierno- consiste en aportar información veraz y coherente, no consignas sin fundamento.

Para apaciguar la incredulidad y descontento de la ciudadanía, el vocero y su jefe deben reconocer que los ciudadanos no somos débiles mentales. La ciudadanía es reflexiva y analítica, exige de las autoridades trasparencia en su actuar, y más si se trata del jefe del ejecutivo, personaje que de meses a la fecha ha perdido credibilidad debido a los graves asuntos de corrupción que recientemente han surgido en Los Pinos, los cuales, en virtud de su gravedad son injustificables. En otras palabras: no tienen nombre, están severamente cuestionados a pesar de los intentos de Sánchez por evitarlo.

Mientras los funcionarios públicos no honren el puesto que por designación o por el voto popular se les ha encomendado, estarán violando la constitución. Llegó el momento -como dicen ellos- de que el pueblo se los demande.

 

Jaimemarinsr@jmarin.com