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Otra voz incómoda (Wixárika) apagada por la delincuencia

Apenas hace una semana lamenté aquí el cobarde asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, ocurrido el lunes 15 de mayo en su natal Culiacán, con lo que poderes oscuros conformados por mafias, autoridades y policías coludidas, por corrupción u omisión, silenciaron una voz que pese a los riesgos y amenazas, nunca dejó de publicar los crímenes y abusos del narcotráfico en Sinaloa y en México. A propósito del asesinato de uno de los periodistas más destacados y respetados de México, el Presidente Enrique Peña Nieto prometió encontrar y castigar a los autores materiales e intelectuales, tras reconocer que la impunidad es la que reproduce los homicidios de los mexicanos en general. Anunció además una serie de medidas para proteger el trabajo periodístico, así como el de los activistas y los defensores de los derechos humanos.

A ocho días de esa promesa presidencial, lejos de tener avances en el caso de Javier, hoy debemos lamentar dos nuevos homicidios de liderazgos que ya habían advertido sobre los riesgos y amenazas de la delincuencia organizada en una muy probable colusión con poderes políticos y económicos de la región. Se trata de Miguel Vázquez Torres, último ex presidente de bienes comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, y su hermano Agustín. Ambos eran reconocidos defensores y promotores de los derechos indígenas en la Zona Norte, sin duda una de las zonas más abandonadas del Estado. 

La tensión por la disputa de tierras en esa región inició desde la década de los sesentas del siglo pasado cuando se ordenó la entrega de tierras pertenecientes a las comunidades indígenas. Medio se controló el tema en el gobierno del Vicente Fox cuando a principios de este siglo la Federación destinó presupuestos millonarios para indemnizar a los mestizos posesionarios. En el sexenio de Felipe Calderón se fueron disminuyendo estos dineros hasta casi desaparecer en el actual de Peña Nieto, lo que ha enfrentado a indígenas con los ganaderos y agroproductores que se resisten a entregar las tierras. Quien más había velado por los intereses y la defensa y recuperación de más de 240 mil hectáreas propiedad de las comunidades de San Sebastián y Tuxpan, era justamente Miguel, quien apenas en enero pasado demandó mayor seguridad tanto del gobierno estatal como del gobierno federal. Advirtió incluso el virtual estado de sitio que vivían las comunidades wixáricas en tres asentamientos de la zona de Huajimic, por el acoso de los ganaderos y agroproductores nayaritas, en colusión con las autoridades nayaritas, en especial la del entonces procurador, Edgar Veytia, detenido en Estados Unidos acusado de producción y tráfico de drogas. Por ello, Miguel advirtió también que de no recibir apoyo de las autoridades se verían en la necesidad de crear grupos de autodefensa por la abierta colusión de los posesionarios y autoridades con la delincuencia organizada.

El sábado Miguel y su hermano fueron ejecutados por sicarios del narco, según aseguran testigos. El gobierno federal y estatal deben cumplir su promesa de hacer justicia, encontrar y enjuiciar a los responsables para dar tranquilidad a los wirraritari y apagar ese nuevo foco rojo de inseguridad y desafío al Estado.

jaime.barrera@milenio.com

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