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Los capítulos por venir del Caso Vega-Poder Judicial

A la luz del Artículo 59, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que dice a la letra que "para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se requiere: gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena...", la renuncia de Luis Carlos Vega Pámanes al cargo de magistrado que protestó indebidamente en agosto de 2007, era inevitable y obligada, tras descubrirse la sentencia condenatoria en materia penal por los delitos de homicidio imprudencial, daño a las cosas y lesiones.

Tendrá que venir ahora el deslinde de responsabilidades del ex magistrado por mentir al Congreso al asumir como Magistrado, y como presidente del Poder Judicial en enero de 2013. Más aún si a consecuencia del incumplimiento de los requisitos para desempeñar esos cargos, se provocó algún efecto jurídico o administrativo negativo para el funcionamiento del Poder Judicial. Me refiero por ejemplo a si las resoluciones firmadas por Vega Pámanes y los distintos procesos en los que intervino pueden ser atacados con algún amparo por algún sentenciado. En ese sentido bien harían el Poder Judicial en analizar este aspecto y diseñar cuanto antes una estrategia para atenuar este riesgo. En cuanto a asuntos administrativos, habrá que ver, por ejemplo, si los nombramientos que hizo podrían invalidarse al igual que las determinaciones tomadas por ellos. ¿Han pensado en el Supremo Tribunal de Justicia o en el Consejo de la Judicatura en escenarios? ¿En que estas consecuencias procesales generen una eventual lluvia de amparos? ¿Están preparados para hacerles frente?

Los otros capítulos deberán protagonizarlos los que solaparon los delitos que en 1984 cometió Vega Pámanes y los que los ocultaron cuando lo nombraron magistrado. Habrá que ubicar quiénes tenían el poder para manipular expedientes y sentencias en aquellas épocas de gangsterismo estudiantil y del poderoso grupo FEG-UdeG. El rector era entonces Enrique Alfaro Anguiano, padre del hoy alcalde tapatío, y el presidente fegista era Trinidad Padilla López, ex rector de la UdeG y hoy Procurador Urbano. Habrá que ubicar a los magistrados que dejaron pasar una sentencia a modo para Vega, quién les dio esa orden, y ver si siguen o no en el Poder Judicial. Y desde luego revisar si los que lo nombraron magistrado sin cumplir los requisitos tienen también alguna responsabilidad. Sólo así el caso Vega Pámanes ayudará a iniciar un verdadero cambio en nuestro viciado Poder Judicial.

jaime.barrera@milenio.com
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