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Sigilo en planes parciales que irrita

A principios del mes pasado que concluyeron los foros de consulta itinerantes para la actualización de los 53 planes parciales de Guadalajara, y de cara al cierre definitivo del periodo para hacer propuestas de modificación a las planteadas inicialmente por la autoridad el pasado 14 de julio, planteé aquí que era un buen momento de revisar si avanzamos o no en dar mayor transparencia y abatir los altas dosis de opacidad con las que siempre se ha manejado este tema, por los negocios ligados a la corrupción que siempre han significado.

Adelanté que a juzgar por la poca discusión pública que se registró pese a las casi 300 propuestas que el municipio dijo que recibió, y por las denuncias de irregularidades e inconsistencias para aumentar las densidades y modificar los usos de suelo, el proceso no libró los sobresaltos que se han dado siempre en las pasadas administraciones municipales para actualizar estos instrumentos de planeación urbana, cuya revisión completa no se ha podido hacer desde el 2003.

Confirmo ese pronóstico con las reacciones a lo que mi compañero Agustín del Castillo reveló en nuestra edición de ayer en el sentido de que el Ayuntamiento de Guadalajara venderá predios públicos en El Deán, el antiguo rastro de aves, el ex registro civil número uno entre otros, una vez que con todo sigilo hicieron cambios en los planes parciales, que les permitirían a los eventuales compradores, edificar miles de viviendas. La justificación de las autoridades tapatías es que “los cambios son parte de su estrategia para redensificar la ciudad y que los predios no forman parte de las 26 hectáreas del Parque de la Liberación, sino de la planta de transferencia y talleres de CAABSA, y otra como vivero municipal, únicamente para el acopio de plantas”.

Para el Parlamento de Colonias, que dirige Alejandro Cárdenas, quien ha sido acusado por las autoridades municipales de Guadalajara y Zapopan de chantaje, estos cambios en el uso de suelo de terrenos propiedad de la Ciudad significan “una traición” para los tapatíos, ya que no sólo es el caso de estos predios, sino en muchos más. Calculan que al menos 300 propiedades públicas fueron objeto de estas modificaciones.

Si bien la redensificación de la ciudad es una latente necesidad para revertir la expansión de la mancha urbana, como lo afirma el gobierno tapatío, la pregunta es en qué momento planteó públicamente esta estrategia y su decisión de cambiar la vocación de suelo de los terrenos que son patrimonio de la ciudad y que pondrán a la venta.

¿En cuántas zonas, más que dedicar terrenos para redensificar, son necesarios para dotar de áreas verdes a las comunidades, más aún en zonas que colindan con la Zona Industrial y padecen un grave de déficit de este tipo de espacios públicos, como pasa en la zona de El Deán? El mantener en la opacidad estas decisiones públicas es lo que despierta sospechas de que el afán privatizador responde más a satisfacer compromisos inmobiliarios que buscar un mejor desarrollo urbano para la ciudad. 

jaime.barrera@milenio.com

twitter: @jbarrera4