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La seguridad sin evaluación independiente

La semana pasada que nos enteramos del mal cierre que en materia de seguridad pública tuvo el gobierno de Emilio González Márquez, al conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE) comentamos que esos datos bien podían convertirse en los indicadores para ajustar los objetivos que se empiezan a delinear en el Plan Estatal de Desarrollo, y que a algunos les parecen poco ambiciosos y lejos de las exigencias que el momento plantea a la entidad.

La prolongada balacera que causó terror en Tepatitlán el martes pasado y que dejó un saldo de 3 policías y 4 hampones muertos, nos hace volver al tema y descubrir que las políticas públicas de seguridad en la entidad no entrarán al paquete que evaluarán los académicos que integran el Comité Técnico Independiente de Evaluación de Políticas Públicas (CTIEPP), que fue instalado en mayo por el mandatario estatal, Jorge Aristóteles Sandoval y que preside el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), Ricardo Villanueva.

Con ello se pierde la oportunidad de que una mirada externa diagnostique el arranque de la nueva Fiscalía General del Estado, cuyo gran reto será que los próximos resultados de la ENVIPE reflejen una mejora en la percepción de seguridad de los jaliscienses. Esa será sin duda una verdadera evaluación para la estructura que encabeza Luis Carlos Nájera.

Según esta última medición, del año 2011 al 2012, Jalisco subió del lugar 10 al 3 en delitos por cada 100 mil habitantes.

Señala también este estudio que levanta anualmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que 8 de cada 10 jaliscienses perciben al estado como inseguro, y lo peor, apenas 8 de cada 100 acuden a denunciar ante las autoridades cuando son víctimas de un delito.

Estas cifras serán el punto de partida para hacer una primera evaluación el año próximo y determinar si fue un acierto o no la nueva estructura de la Fiscalía General, que tiene bajo un mismo mando a las policías, a los agentes del ministerio público, a los peritos y el manejo de los reclusorios.

Pero más allá del contraste de las cifras, bien valdría la pena reconsiderar los programas a revisar por el CTIEPP, e incluir en esta evaluación independiente algunas de las acciones en materia de seguridad.

Hay que recordar que este Comité lo integran 6 académicos locales y nacionales, 4 funcionarios federales y regionales y 6 funcionarios estatales que excepto el titular de la Sepaf, que a la vez es el presidente, sólo tendrán voz y no voto.

Hoy que el propósito es apoyar a los cuerpos policiales para dignificar su función y recuperar su prestigio y confianza de los ciudadanos, en mucho ayudaría un punto de vista externo e independiente.

twitter: @jbarrera4