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¿Quién protege a "Los Talibanes" en la Fiscalía Central?

El inédito, valiente y buen trabajo que hizo el secretario del trabajo, Eduardo Almaguer, para detener la ilegal y corrupta industria de los litigios laborales amañados, a través de los cuales se desviaron por años miles de millones de pesos del erario, está a punto de echarse por la borda por la inacción de la Fiscalía Central.

No tengo los elementos para asegurar si es por complicidad, ineficiencia o miedo, pero lo cierto es que ninguna de las 26 denuncias que interpuso la secretaría del trabajo, en la dependencia a cargo de Rafael Castellanos, en contra de los abogados autollamados Los Talibanes y en contra de los ex funcionarios corruptos que se confabularon con ellos para alterar e inventar juicios laborales, no caminan.

Además de que estaríamos ante ooootro caso más de impunidad en Jalisco, lo preocupante es que podríamos perder el ahorro de casi 100 millones de pesos de dinero público. Eso más o menos representan laudos a todas luces irregulares, que obligaban a pagar a malos funcionarios públicos despedidos que en colusión con abogados privados y de las áreas jurídicas de distintas dependencias estatales, municipales o federales, se inventaban altos sueldos.

Eso estuvo a punto de pasar en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) con la complicidad del área jurídica del organismo operador del agua, que en su momento dejó pasar esos litigios ilegales en perjuicio del interés público y seguro a cambio de una dádiva. Esos funcionarios corruptos también siguen impunes por la falta de aplicación en el tema de la Fiscalía Central.

Como pasó por años sin que nadie lo denunciara, en el SIAPA se estuvo a punto de pagar 35 millones de pesos que reclamaban dos ex notificadores, quienes luego de las indagatorias abiertas por la secretaría del trabajo acudieron a la Secretaría de Gobierno, a renunciar al dinero que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje les había otorgado irregularmente.

Esto ocurrió en junio, y celebré aquí que de entre nuestra clase política, en la que domina la corrupción y la impunidad que la reproduce, apareciera un caso que rompiera con esa lógica de simulación y apostara por el regreso de la legalidad.

Vinieron luego otros casos que se denunciaron como los que estuvieron a punto de provocar el cierre del Banco Diocesano de Alimentos y que afectaban a otras empresas, pero nada se sabe de avances pese a que las querellas se presentaron desde julio.

El responsable de la Fiscalía Central debe salir a explicar qué pasa con estos casos y dejar claro que los poderosos intereses de Los Talibanes no han doblado al gobierno estatal. Eso es urgente también para no mandar la señal de que el secretario del trabajo jugó sólo contra ellos, sino que tiene todo el respaldo de la Fiscalía y del Ejecutivo.

No hacerlo así es dejarlo más que vulnerable ante las mafias de los laudos a las que les paró el millonario negocio de la corrupción institucionalizada. Veremos.

twitter: @jbarrera4   

jaime.barrera@milenio.com