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Una promesa anticorrupción más

Del fenómeno de la corrupción se ha escrito, reflexionado y denunciado desde que el hombre vive en comunidad.

La historia consigna que desde la época arcaica, Esopo planteaba en sus fábulas, que retomarían más tarde Platón y Sócrates, que se “colgaba a los ladrones de poca monta, pero a los grandes ladrones los elegimos para cargos públicos”.

Corrientes de pensamiento más contemporáneas sostienen que en todos los hombres está presente la corrupción y que el reto está en encontrar modelos para contener y no dejar impune esta mala práctica que lleva a los gobiernos a la descomposición.

En México y en Jalisco está más que probado que estamos lejos de encontrar mecanismos para enfrentar este flagelo y permanecemos estacionados más bien en un estado de impunidad que defiende y reproduce las tramas corruptas a grados insostenibles. El caso Iguala que nos mantiene aturdidos desde septiembre pasado es sólo un botón de muestra.

Las promesas anticorrupción han quedado en eso, en promesas. Nada cambió por ejemplo en los últimos 20 años del priismo antes de la alternancia del año 2000 con aquella primera gran campaña de “renovación moral” a la que llamó el presidente Miguel de la Madrid y que se limitó a la detención de uno que otro personaje como el jefe policial Arturo El Negro Durazo, amigo de infancia del presidente antecesor José López Portillo.

La consolidación de la democracia en México tampoco ayudó a mejorar el combate a la corrupción y en los 18 años de panismo en Jalisco y 12 en México este fenómeno creció, según estudios de Transparencia Internacional, a pesar de que las banderas contra los malos manejos del erario fueron el principal factor de sus triunfos electorales. La impunidad igualmente se consolidó y los “peces gordos” prometidos nunca fueron capturados.

En ese contexto, y tras dos años en los que no se pudo cumplir la promesa presidencial  de crear una Fiscalía Anticorrupción, al Presidente Enrique Peña Nieto no le quedó de otra que revivir ayer la Secretaría de la Función Pública (que se mantenía acéfala desde su llegada a Los Pinos en diciembre de 2012), con el nombramiento del ex consejero del IFE, Virgilio Andrade.

La designación se da también en medio de una severa crisis de credibilidad en la propia figura presidencial por el caso de la Casa Blanca, al grado que la primera instrucción de Peña Nieto a su nuevo funcionario es investigarlo a él, a su esposa y al titular de Hacienda, Luis Videgaray, para determinar si hubo conflicto de interés en los contratos con las empresas que después les vendieron lujosas y millonarias residencias.

Aunque tardía, esta decisión del Presidente refleja sensibilidad ante el hartazgo social por los excesos de funcionarios, sin embargo, el hecho de que la Secretaría de la Función Pública sea parte del gobierno federal y carezca de autonomía, da pocas esperanzas de que esta nueva cruzada contra la corrupción pase del discurso a los hechos. Veremos.

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jaime.barrera@milenio.com