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De la participación ciudadana a la democrática

Al menos en el papel, es el salto cualitativo que propone y pretende lograr el gobierno estatal con la propuesta de reforma constitucional en materia de “participación democrática” que presentará hoy en el Congreso local.

La iniciativa que se trabajó en la Secretaría General de Gobierno, en particular en la subsecretaría de enlace legislativo y concertación social, a cargo de Tomás Figueroa Padilla, ex presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, busca facilitar y bajar los umbrales y requisitos para que los habitantes del estado puedan hacer uso de las actuales y nuevas figuras de participación ciudadana, que pretenden incorporar.

Por lo tanto, lo primero que habrá que revisar son los porcentajes de población o de padrón para el uso de cada uno de estos instrumentos de participación que presenten en la iniciativa y compararlos con los vigentes y los propuestos en otras iniciativas presentadas por los partidos de oposición en la pasada legislatura, para ver, de entrada, si ese propósito se cumple.

Se proponen pues que sean menos retardados y burocráticos los trámites para quien quiera ejercer su derecho a las candidaturas independientes, a la iniciativa popular, el plebiscito, y el referéndum.

Destaca en la propuesta la incorporación constitucional de figuras de democracia directa como el gobierno abierto (que implica la libre concurrencia de toda persona en el diseño de políticas públicas); la revocación de mandato (que abre la posibilidad de que los jaliscienses voten para que concluya anticipadamente la gestión de un representante de elección popular de su ejercicio en el cargo al que fue electo); la ratificación constitucional (con este mecanismo la ciudadanía podrá validar o derogar total o parcialmente una reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco); la consulta cívica (la proponen como un instrumento recomendatario y no vinculatorio mediante el cual la población exprese sus opiniones respecto a temas de impacto social a nivel estatal o municipal); el presupuesto participativo (mecanismo de interacción entre ciudadanos y gobiernos para definir y priorizar obras y la asignación de recursos públicos para su realización);  cabildo abierto (figura con la que pretenden abrir a asociaciones vecinales el derecho a voz en al menos una de cada tres sesiones ordinarias de ayuntamiento); y juntas municipales (instancia de participación y de descentralización de la gestión municipal con ayuda de juntas vecinales, que prevé la elección democrática de los agentes municipales organizada por los municipios sin la participación de los partidos políticos).

A espera de conocer hoy a detalle la propuesta, este es a grandes rasgos el planteamiento del gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval para promover la participación ciudadana que tendrá que complementarse obligadamente, con observaciones de organizaciones de la sociedad civil que deberán tener cabida en el debate parlamentario que vendrá.

 

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