Radar

Parar a mataperiodistas requiere justicia, no discursos

Además de las múltiples manifestaciones del gremio periodístico dentro y fuera del País para repudiar el cobarde asesinato del sinaloense Javier Valdez Cárdenas, uno de los más importantes y respetados periodistas que investigó y retrató como nadie los crímenes y abusos de los narcotraficantes y sus aliados del poder político y policial corrupto, su legado y reputación movió también ayer como nunca al Estado mexicano, el mismo que ha permitido la impunidad que reproduce y multiplica la violencia y los homicidios, sean o no de periodistas.

La reacción de la clase política ante los cada vez más frecuentes asesinatos de periodistas no pasaba de lamentar las muertes en las redes. Ayer el Presidente Enrique Peña, en cuya gestión han muerto 45, convocó a su gabinete de seguridad, a los gobernadores y al cuerpo diplomático de otros países acreditado en el País, para "demostrar" al mundo que en México se defiende la libertad de prensa y expresión.

Ahí anunció una serie de acciones para cumplir con el deber de siempre de las autoridades de brindar seguridad a los ciudadanos, incluidos los periodistas. Pero como lo que provocó el evento en el Palacio Nacional, muy lejos del escenario del crimen en Culiacán, fue el acribillamiento de Javier, se habló de un plan para defender el ejercicio periodístico y acabar con la impunidad que abre paso a estas agresiones mortales.

Desde luego estas promesas para nada cumplen con la acción de Estado que obliga el contexto de violencia en el País, que engloba la escalda de agresiones a la prensa. Es insuficiente el reconocimiento verbal presidencial de que cada crimen de un periodista es un atentado contra la libertad de expresión y la ciudadanía; de que una democracia plena debe cuidar la voz de sus periodistas y que la crítica es el pilar de las sociedades libres.

Todo quedará una vez más como simple demagogia oficial si no se cumple con la principal promesa que hizo ayer el propio Peña Nieto: encontrar y castigar a los autores intelectuales y materiales de Javier Valdez y el resto de los periodistas asesinados.

Si en cuatro años nada se ha hecho para parar los ataques y la Fiscalía Especial para Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha estado prácticamente de adorno ¿por qué creer que ahora sí empezarán a cambiar las cosas?

Pese a toda la solemnidad del acto, las promesas de aumentar las facultades para proteger el trabajo periodístico y castigar las muertes y agresiones a los comunicadores y demás buenas intenciones, el hecho de que el anuncio coincidiera con el informe de la Procuraduría de Sinaloa que no mostró ningún avance sustancial para dar con los asesinos de Javier, consolidó el ánimo de escepticismo con el que se tomó el anuncio y el discurso presidencial, con todo y el minuto de silencio al que convocó y que fue roto con los reclamos a gritos de justicia de los periodistas presentes en Palacio.

jaime.barrera@milenio.com
twitter: @jbarrera4