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Un nuevo intento anticorrupción

En varias ocasiones he escrito aquí que hablar de impunidad y corrupción, es tocar dos puntos que se han colocado como el tema principal de la agenda generacional, como lo fue la exigencia de  democracia y elecciones libres en los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo pasado.

Por ello es alentador y generador de expectativas cada que aparece un nuevo plan anticorrupción. Más cuando nacen en medio de la peor crisis de confianza de los mexicanos no sólo hacia la clase política y gubernamental, sino hacia otras instituciones sociales e incluso entre ciudadanos.

En este contexto ubico la presentación ayer del “Plan Integral para erradicar prácticas de corrupción en la Secretaría de Movilidad” que fue un encargo que le hizo el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval a Servando Sepúlveda hace casi tres meses que lo nombró nuevo titular de esa dependencia.

El acto de corrupción más común en el imaginario colectivo es justamente el que se da entre el automovilista y el agente vial para evitar una infracción. Es por ello que se trata de una de las dependencias con mayor desprestigio ante la ciudadanía, y por ello lo interesante de la propuesta.

De entrada, uno de los puntos positivos del Plan es que en sus consideraciones generales reconoce con todas sus letras este lastre: “Ubicamos la problemática como un fenómeno histórico que se ha mantenido estacional en la última década y no presenta indicios formales de atención y solución. La problemática presenta serias implicaciones a la confianza ciudadana, la transparencia, imagen institucional y colateralmente efectos no deseados en la posición de competitividad del Estado”.

En el plan, que le presentamos a detalle en esta edición en la nota de mi compañero Arturo Ramírez Gallo, se ubica el rol que tienen en esta trama de corrupción el servidor público, los sindicatos, los usuarios y ciudadanos y cómo deficiencias en el esquema organizacional, la gestión directiva y los procedimientos propician estas malas prácticas.

Contiene también los objetivos, las estrategias, indicadores de medición y cronograma de actividades que le dan consistencia y que muestran la seriedad con la que el titular de la Semov tomó la petición de su jefe el gobernador.

Sin duda es un buen principio, un buen punto de partida, pero sólo eso. El verdadero combate a la corrupción requiere llevar a la práctica ese plan, que si bien implica presupuestos extraordinarios sobre todo para la implementación de tecnología, lo que determinará el éxito o fracaso en su aplicación será el seguimiento y la supervisión que se le dé cotidianamente a la operación de los agentes viales y sus mandos, y la persuasión para la participación ciudadana, para construir juntos una nueva cultura de legalidad. Lograr eso en un estado que vive una crisis terrible de fiscalización de los recursos públicos que arraiga impunidad y corrupción sería toda una hazaña. Veremos.


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