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Siete meses son muchos para evadir

Han pasado siete meses de que los integrantes de la LX Legislatura recibieron la primera iniciativa ciudadana para reformar la Ley de Fiscalización cuya discusión han evadido por su falta de independencia y su desprecio al trabajo de la sociedad civil organizada, en este caso del Congreso Ciudadano y del Observatorio Legislativo.

Hoy 1 de abril, están justo a siete meses de concluir su gestión. Y siete meses son muchos para querer eludir nuevamente este debate que a nivel nacional se ha priorizado. Hoy el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha anticorrupción están en el centro de la agenda legislativa en México.

Además de esta condición que eleva el costo político a los diputados locales y a sus partidos si persisten en mantener en la congeladora este asunto, se han acumulado muchos otros factores que presionan la inactividad en el Congreso sobre este tema, de agosto pasado a la fecha que han dado largas para llevar a su discusión al pleno esta iniciativa.

Apenas ayer planteé aquí que a la propuesta del Congreso Ciudadano, se sumó hace unos días la iniciativa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco (Cesjal) que también le propone a los legisladores la urgencia de cambiar un modelo de fiscalización agotado en la entidad. Ignorar este planteamiento que respaldan 21 instituciones entre las que figuran las cúpulas empresariales, los sindicatos, las principales universidades y el sector social de Jalisco significaría un nuevo golpe a la casi perdida credibilidad del Poder Legislativo y a la propia trayectoria política de los integrantes de la LX Legislatura, que se había propuesto cambiar la historia de corrupción e impunidad en el Congreso.

Antes, ocurrieron todos los escándalos en materia salarial que alcanzaron al titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, Alonso Godoy Pelayo, quien sin dar cuentas a nadie se ha aumentado el sueldo en un 160 por ciento, que lo han colocado como el auditor más caro de México, pese a la crisis de confianza que arrastra la ASEJ por otros señalamientos contra la probidad de su titular.

El escenario que reclama la atención urgente al tema de la revisión del gasto de nuestros impuestos, se completó ayer con el conocimiento a detalle del estudio elaborado por la académica de la Universidad de Guadalajara, Aimeé Figueroa Neri, hoy destacada colaboradora de la Auditoría Superior de la Federación, y quien ubicó en el lugar 25 de 32 la fiscalización en Jalisco.

Hay, pues, dos iniciativas diseñadas desde la sociedad civil, la burda exhibición de los abusos en los que han incurrido funcionarios que en teoría deberían ser ejemplo en el cuidado de los recursos públicos por la discrecionalidad en la que operan, la muy mala evaluación de nuestro órgano fiscalizador, elementos todos que hacen menos costoso para la LX Legislatura entrarle ya al tema que evadirlo los siete meses que les quedan de existencia.

Twitter: @jbarrera4   

jaime.barrera@milenio.com