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Un mal cierre en materia de seguridad pública

Seguramente nada bien cayó el hecho de que Jalisco subiera del lugar 10 al 3 en delitos por cada 100 mil habitantes del año 2011 al 2012, último año que gobernó el panista Emilio González Márquez.

Los datos que aporta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE), muy probablemente también incomodaron en la Fiscalía General del Estado, donde despacha Luis Carlos Nájera, quien fue el responsable de la ex Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio anterior, y que desapareció en el actual gobierno.

Aunque el Fiscal ha argumentado que los indicadores de inseguridad no se pueden atribuir sólo al desempeño de la ex SSP, ya que están implicadas también las policías municipales y el desempeño de lo que fue la Procuraduría de Justicia del Estado, seguramente en algo contribuyó su ex dependencia para que Jalisco apareciera hoy en el top tres de estados con mayor índices de delictivos.

No sólo eso, según el estudio que levanta anualmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 8 de cada 10 jaliscienses perciben al estado como inseguro, y lo peor, apenas 8 de cada 100 acuden a denunciar ante las autoridades cuando son víctimas de un delito.

Los resultados de la ENVIPE bien pueden convertirse en los indicadores que hagan ajustar los objetivos que se empiezan a delinear en el Plan Estatal de Desarrollo, y que a algunos les parecen poco ambiciosos y lejos de las exigencias que el momento plantea a la entidad en el tema de la seguridad.

Convertido ya en el responsable general en esta materia, incluso con una alta influencia en las policías municipales, con una fuerza a sus órdenes integrada por elementos de estas corporaciones, los próximos resultados del ENVIPE se convertirán en una verdadera evaluación para el Fiscal Nájera, cuando se revise si mejoran o no los resultados. De entrada, la tarea parece titánica y obligará a mejorar la coordinación entre las corporaciones de todos los niveles de gobierno.

A su paso como titular de la ex SSP, Nájera cuestionó casi permanentemente el manejo de la entonces Procuraduría estatal que manejaba Tomás Coronado Olmos, postura que confirmó al asumir el control de esa dependencia al denunciar registros inflados de desaparecidos, y la elaboración de “documentillos” en sustitución de denuncias para mantener bajos de forma artificial los índices de denuncias.

Hoy que la nueva estructura de la Fiscalía General pone bajo su cargo las agencias del Ministerio Público, habrá que ver cómo revierten la desconfianza de la población que se refleja en el hecho de que sólo 8 de cada cien víctimas acuda ante las autoridades a denunciar, que fue uno de los objetivos expresos del Fiscal al lograr la aprobación de los disputados a esta nueva figura.

Abatir estos malos índices será sin duda una prueba de fuego para determinar si fue un acierto o no la nueva estructura del Poder Ejecutivo en materia de seguridad.

twitter: @jbarrera4