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¿Otra lección tipo 'Chapo' en Puente Grande?

Una de las conclusiones a la que muchos llegamos luego de la segunda recaptura del capo más buscado del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán, es que cuando el Estado mexicano se lo propone, o le urge por sobrevivencia, está por encima y puede someter a cualquier grupo delincuencial que lo desafíe.

Ojalá esa convicción y mística se repita a nivel estatal, ahora que el gobierno del Estado se ha propuesto incursionar en los reclusorios de Puente Grande para buscar retomar el control que se cedió hace casi una década al autogobierno delincuencial, en cada uno de ellos.

El viernes pasado, escribí aquí que uno de los 10 cabos sueltos más importantes que quedaban del 2015, y que habría que retomar este año, era justamente el tema de los reclusorios y la erradicación de los autogobiernos si de verdad se quiere avanzar en los temas de seguridad y disminuir los índices delictivos. Porque las ganancias de "El Carro", como se conoce al grupo de reos que domina la venta de productos legales e ilegales en esas cárceles, se han convertido en una extraordinaria e inagotable fuente de recursos para los cárteles para aumentar su poder corruptor. Por ello Puente Grande, insisto en la paradoja, que debería ser el lugar para castigar la delincuencia y la corrupción, está convertido en el centro de generación de recursos económicos para cooptar policías, autoridades y jueces, e inducir a más, sobre todo a niños y jóvenes, a las filas de la delincuencia.

Hoy el Fiscal General del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez, acude a Puente Grande para iniciar una serie de cambios en los procedimientos carcelarios con los que pretenden poner un alto a los abusos del autogobierno y devolver al Estado la autoridad carcelaria.

Desde luego que el reto es extraordinario. En septiembre pasado una investigación de MILENIO JALISCO reveló la próspera explotación que ocurre en las cárceles donde los reos administran 33 de las 47 tiendas que operan ahí dentro y que de acuerdo a las facturas que pagan a los abarroteros, venden mercancías por al menos 4 millones 700 mil pesos mensualmente, sin regulación alguna y precios muy por arriba del mercado.

Si a las ganancias de esas tienditas sumamos al autogobierno el dinero que arrebata por el cobro de piso y visitas conyugales a los reos pobres, y por el tráfico de alcohol, drogas, prostitución y otros privilegios como celulares y hasta armas para los presos pudientes, las utilidades del cártel carcelario se multiplican exponencialmente.

La intervención en Puente Grande iniciará hoy con la entrega de nuevos uniformes, equipo y armamento para tratar de redignificar y empoderar a un equipo de custodios humillado y sometido por años por los reos de "El Carro", así como con la llegada de un grupo especial de policías estatales que vigilarán a la población carcelaria desde las 16 torres y que custodiarán todos los ingresos a los penales.

Ojalá se despliegue todo el poder del Estado para lograrlo, pero también para enjuiciar a quien entregó las cárceles a la delincuencia.

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jaime.barrera@milenio.com