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El lado oscuro de Pensiones del Estado


Esta semana el presidente del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), Francisco Ayón, informó que en lo que va del sexenio de Jorge Aristóteles Sandoval, los recursos de este fondo de los trabajadores del gobierno estatal en activo (120 mil burócratas) y en retiro (24 mil pensionados) creció 32 por ciento al pasar de 23 mil 450 millones de pesos a 30 mil 900.

El dato tomado a partir del comportamiento de los últimos tres años es sin duda una buena noticia, pero palidece si nos vamos dos trienios más atrás y observamos cómo los rendimientos de los diversos instrumentos de inversión en los que se han metido recursos de los empleados estatales y municipales, se han reducido casi a la mitad en la última década. De 842 millones a 451 millones.

Cierto es que estas inversiones en portafolios e instrumentos financieros son sólo uno de los tres componentes del patrimonio del Ipejal, que se integra también con los cientos de propiedades y terrenos que ha adquirido el instituto a lo largo de su historia, y que van desde departamentos hasta casas y terrenos en los que invierte o con los que muchos Ayuntamientos le pagan sus deudas; así como los miles de créditos personales e hipotecarios que dan a los burócratas y que significan entre 5 mil y 7 mil millones de pesos al año, que sin duda dinamizan la economía local.

Sin embargo, toda esta riqueza del Ipejal, que lo distingue como uno de los más sólidos del país y de los pocos que no requieren subsidios del estado, se maneja con un esquema altamente discrecional. Muy poco se sabe de los acuerdos que toma su consejo directivo que integran su presidente y director general, los líderes del SNTE y del sindicato mayoritario de burócratas, el secretario de Finanzas del gobierno estatal y un representante del Ayuntamiento de Guadalajara. Además el comité de inversiones que decide dónde, cuánto y cuándo se invierte de la bolsa del fondo de pensiones en distintas instituciones financieras y bursátiles del mundo, sólo lo integran directivos del Ipejal.

Es ahí donde está el lado oscuro del Ipejal, que bien haría la burocracia en exigir que se ilumine y transparente para garantizar la solidez financiera de esta institución y los recursos que serán el sostén de muchos servidores públicos en su vejez. Más aún cuando en el sexenio pasado, con la reforma a la Ley de Pensiones, las inversiones dejaron de necesitar el visto bueno del Congreso para efectuarlas. La participación en el proyecto de Chalacatepec y en las abandonadas Villas Panamericanas, por ejemplo, ya no necesitaron el voto de los diputados.

Con voluntad política se pueden dar cuatro sencillos pasos que darían total tranquilidad a los trabajadores que sus ahorros están en las mejores y más expertas manos para hacerlos crecer: 1) Hacer pública su lista de bienes inmuebles. 2) Abrir el comité de inversiones a entes externos del Ipejal, podría ser un representante del Congreso o de alguna organización de la sociedad civil. 3) Transparentar permanentemente el desglose de inversiones y 4) Permitir el acceso a las minutas de las sesiones del Consejo Directivo del Ipejal.

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jaime.barrera@milenio.com