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El inaplazable debate contra la impunidad

La ausencia de una fiscalización efectiva y con credibilidad en Jalisco convirtió ya al tema de la corrupción en la segunda mayor preocupación de la población jalisciense, sólo por debajo de la inseguridad y la delincuencia.

El dato está en la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) que elabora el INEGI, y que hoy retomamos a propósito de la promesa de los diputados del G-9, que integran en el Congreso algunos legisladores del PAN y la fracción completa del Partido Movimiento Ciudadano, de presentar este mismo mes una iniciativa para buscar un nuevo modelo de revisión del gasto público y que, aseguran, ya revisó el  Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Les quedan, pues, dos semanas a estos nueve legisladores para cumplir su palabra.

Lo bueno es que si las resistencias de la clase política y de los poderes fácticos que la controlan se imponen y bloquean el paso de esta propuesta, por ser los principales beneficiarios de una fiscalización simulada y a modo, que les solapa sus corruptelas, está ya en el Congreso una propuesta de ley sobre la materia, nacida de la ciudadanía.

Hoy se cumplen dos semanas de que se presentó la iniciativa ciudadana por una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco, que formuló el Congreso Ciudadano y el Observatorio Legislativo.

La existencia de esta propuesta ya en poder de los diputados, rompe con la inercia que se había venido dando en el Congreso de evadir el tema. Toca a las organizaciones promoventes y a otras agrupaciones de la sociedad civil darle seguimiento y obligar a los diputados a discutirla y aprobarla antes de que termine el año ¿Cuál ha sido por ejemplo el avance en estos 14 días?

Una revisión a detalle de la ENCIG haría caer en la cuenta a muchos políticos que discutir este tema les puede ser enormemente rentable porque es un asunto que está ya en el ánimo de la ciudadanía. El 56 por ciento de los jaliscienses mayores de 18 años perciben como muy frecuentes los actos de corrupción, sólo por debajo de lo que perciben en el DF y en Michoacán.

Rehuir este debate y buscar proteger canonjías como lo han hecho en los últimos años, empieza incluso a afectarlos como clase política por la pérdida de confianza ciudadana. Policías, partidos políticos, diputados y senadores, ministerios públicos y autoridades estatales aparecen en el top cinco de las figuras vistas como las más corruptas.

La discusión para encontrar formas más efectivas de acabar con el reino de impunidad en el que nos mantenemos es ya inaplazable y debe ser prioridad en la agenda legislativa del Congreso. Ese es el debate que interesa a los jaliscienses, mucho más que la muy prematura lucha por el poder entre partidos políticos, que por cierto, cuando ven sus intereses patrimonialistas amenazados se olvidan de todas sus diferencias y se encierran en el mismo cuarto de guerra.

jaime.barrera@milenio.com

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