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Otra factura que golpea la competitividad

La nueva cuenta por pagar como comunidad por los daños al entorno de la ciudad que habitamos es de 6 mil millones de pesos.

Ese es el costo anual de la atención a los perjuicios en salud que provoca el respirar un aire altamente contaminado por décadas de no contar con un programa de verificación vehicular que funcione y que no se asfixie en la corrupción.

Este inédito cálculo lo hicieron los especialistas del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) a los que el gobierno de Jalisco encargó un estudio y su asesoría para implementar el modelo de verificación que se propusieron lanzar para detener este deterioro ambiental.

El hallazgo lo hizo mi compañero Agustín del Castillo, al revisar antes que nadie los resultados de esta investigación, cuyos datos esenciales le ha presentado en nuestras ediciones de esta semana, como lo hizo también en marzo pasado, cuando en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 sobre la Zona Metropolitana de Guadalajara, que realizaron los técnicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encontró que la dispersión urbana tan sólo en materia de movilidad nos cuesta 21 mil millones de pesos, que representan el 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal y colocan a la Zona Metropolitana de Guadalajara como la ciudad que paga mayores costos por este rubro en México.

A estas facturas recientemente calculadas, hay que sumar los costos crecientes de los daños causados cada año en el temporal de lluvias en inundaciones en vialidades y colonias por la falta de infraestructura hidráulica, así como por la pérdida de horas hombre por los colapsos viales que se provocan cada tormenta y que se han agravado por las afectaciones de las obras públicas en proceso en muchas de las principales vialidades de la ciudad.

A esta contabilidad de cobros  por años de crecimiento desestructurado, alimentado por la mezcla de voracidad de malos constructores, corrupción de autoridades y erráticas políticas públicas en la materia, se suman el costo de la inseguridad y falta de certeza jurídica, expresada, por ejemplo, por en el costo de la corrupción en la aplicación de la justicia en todos los ámbitos.

Es en estas altas deudas donde está una de las principales razones de la pérdida de competitividad en la atracción de inversiones que ha tenido el Estado y sus principales ciudades.

Lo deseable ahora sería que estos y otros cálculos y cifras de lo que hemos dilapidado por corruptelas y malas decisiones, hagan que las autoridades orienten y jerarquicen de mejor forma el gasto público y las acciones para corregir el rumbo que impide el crecimiento económico, factor indispensable para avanzar en el combate a la pobreza.

 

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jaime.barrera@milenio.com