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Del Pegasus federal, al Jasmine estatal, para espiar

El escándalo de espionaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos que alcanzó el lunes niveles internacionales por su publicación en The New York Times, y que se sumó a las mayores crisis del gobierno peñista como la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa o el caso de la Casa Blanca, que paradójicamente, trataron de parar con la intimidación y la intervención de los teléfonos de los que denunciaron ese y otros casos, tuvo sus réplicas en Jalisco.

El debate tiene lugar porque aunque el gobierno estatal no cuenta con el programa Pegasus, que la Procuraduría General de la República, el Cisen y la Secretaría de la Defensa Nacional adquirieron a la empresa israelí NSO Group, que se habría utilizado ilegalmente para husmear la vida privada de líderes incómodos al gobierno federal, en la administración de Aristóteles Sandoval se adquirió también equipo de espionaje, que en teoría debe utilizarse sólo con la autorización de un juez y cuando se busque facilitar la detención de delincuentes.

De hecho fue la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que participó con Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, Social Tic y Artículo19 en la investigación que difundió el lunes el diario neoyorkino, quien reveló en 2015, que desde el 2014 el gobierno de Jalisco le había comprado a la empresa italiana Hacking Team un software de espionaje a un costo de 448 mil euros, equivalentes en aquel entonces a 7 millones y medio de pesos. El proyecto fue denominado Jasmine. En 2011, el socio fundador de Hacking Team, creada en 2003, David Vincenzetti comentó ya en aquella fecha que llevaban vendidos programas similares en 30 países de todo el planeta.

Hace tres años, R3D hizo públicas tres facturas y contratos del gobierno de Jalisco con Hacking Team y donde se calculaban pagos por 300 mil euros, equivalentes a 5 millones 100 mil pesos, entre 2016 y 2018. El representante del gobierno estatal en esta adquisición fue Héctor Federico Zúñiga Bernal, como titular de la Coordinación General de Asuntos Sociales, oficina que depende de la Secretaría General de Gobierno. R3D cuestionó incluso si el gobierno estatal tenía facultades legales o constitucionales para adquirir y operar este tipo de productos de espionaje.

Ayer, luego de que el alcalde tapatío Enrique Alfaro dijo que era “permanentemente espiado”, y que por ello estaba analizando la posibilidad de retirar al gobierno de Guadalajara del secretariado técnico de Gobierno Abierto, el secretario de gobierno, Roberto López Lara, negó que el gobierno estatal haga espionaje ilegal y le pidió permanecer en esta mesa. También el fiscal general, Eduardo Almaguer, aseguró que el software de espionaje con el que cuentan lo utilizan sólo con el aval de jueces y para diseñar operativos contra secuestradores y otros delincuentes.

Lo que habrá que ver es en cuántos casos este instrumento, con el que los gobiernos pueden violar la intimidad y vida privada de sus opositores o críticos, fue decisivo para detener criminales y ver si de verdad vale la pena lo que se paga y la amenaza que implica para la libertad de expresión.

jaime.barrera@milenio.com

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