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La deuda anticorrupción en Jalisco

Hoy que se conmemora una vez más el Día Internacional contra la Corrupción, Jalisco llega en segundo lugar nacional, en el estudio más reciente del INEGI sobre el tema.

Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, y a la pregunta sobre la frecuencia que advierte el ciudadano de actos de corrupción, los jaliscienses respondieron “frecuente” y “muy frecuente” en un 94.7 por ciento, sólo abajo del Distrito Federal que sumó 95.3, pero arriba de nuestro vecino y conflictivo Michoacán que tuvo 92.2.

Es importante recordar hoy ese dato en el marco del día que se dedica a reflexionar sobre este flagela que golpea a muchos países, y en el que México ocupa un muy deshonroso destacado lugar. Situación que prende focos rojos en nuestra entidad por ser el segundo en contribuir a esa percepción del país.

En esa medida pues deben ser los esfuerzos que haga y que empuje el gobierno estatal priista, con su mayoría en el Congreso local, para ayudar al cumplimiento de dos de los puntos del decálogo que emitió el jueves 27 de noviembre pasado el Presidente Enrique Peña Nieto, como un reconocimiento implícito a que el discurso triunfal de las reformas estructurales y del avance en seguridad pública había que rectificarlo, como una medida urgente también para tratar de parar la escalada de la crisis política que enfrenta desde el 26 de septiembre pasado por el caso de los normalistas desaparecidos, la cancelación de la licitación del tren rápido México-Querétaro, y la revelación de la existencia de la millonaria residencia presidencial, conocida por todos ya como la Casa Blanca.

En el decálogo en cuestión, el punto 9 se refiere justamente al combate a la corrupción, y que plantea incluir a los gobiernos locales en la dinámica de la rendición de cuentas como condición necesaria para el éxito de la estrategia nacional anticorrupción, y que no quede sólo como agenda federal. En el punto 10, se asegura que se tomarán medidas para alcanzar un gobierno abierto, promotor de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

En la edición de hoy le presentamos una revisión a los resultados de las dependencias que tienen como tarea el combate a la corrupción, la impunidad y la fiscalización de los recursos públicos que nos dejan claro que hay mucha tarea por hacer en estas materias que se han puesto en el centro de la agenda nacional por la descomposición de gobiernos alejados de la ciudadanía e infiltrados por la delincuencia organizada, por sus altos niveles de opacidad y autoritarismo que deja impunes sus malos manejos de los recursos públicos.

Hay pues toda una serie de acciones que se pueden hacer para mostrar en los hechos la voluntad política del gobierno de Jalisco y la clase política para contribuir a la oferta discursiva federal de recuperar el Estado de Derecho. Sacar de la congeladora en el Congreso local las iniciativas ciudadanas para una nueva fiscalización del erario, y para una mayor participación ciudadana en asuntos públicos, sería una buena opción para ayudar a un presidente en apuros.

 

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