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Para que no sea una detención electorera

Por los tiempos que convivió de cerca con el ahora Gobernador Aristóteles Sandoval, cuando eran más jóvenes y militaban en las filas de la FEU desde su paso por la prepa 7, hasta su rompimiento cuando se fue a las filas panistas, y por su pertenencia hoy al alfarista partido Movimiento Ciudadano, el ex secretario del Congreso en la Legislatura LVIII ahora encarcelado, Octavio Pérez Pozos, ha denunciado que su detención se trata de una revancha política con fines electoreros.

Quienes suscriben su versión, recuerdan que los desacuerdos llegaron a tal nivel, que Pérez Pozos abandonó el entonces proyecto de Aristóteles y se pasó del lado de los panistas, justo en la contienda por Guadalajara en 2009, y que la información que dio al entonces equipo de campaña de Jorge Salinas, fue la base para diseñar la estrategia (fallida por cierto y que llevó a ese candidato a un muy prematuro retiro político) para dañar la imagen del aspirante priista, que al final resultó ganador de esa elección que lo puso en la antesala de la gubernatura que hoy ocupa.

El episodio del “mechón” que está grabado ya en el anecdotario político estatal, y que consistió en el reto de que ambos candidatos se cortaran un poco de pelo para hacerse pruebas antidrogas, que terminó en zafarrancho, aseguran, fue idea del propio Pérez Pozos.

Por esta circunstancia y para demostrar que no se trata ni de una detención con tintes electorales ni de una venganza personalísima, el gobierno estatal debe aprovechar esta detención no sólo para deslindar responsabilidades del Caso López Castro, sino sobre todo para sacar de la impunidad el escandaloso episodio de corrupción de la Legislatura a la que perteneció Pérez Pozos y en la que se desviaron al menos 400 millones de pesos según auditorías oficiales y extraoficiales, como la Russell-Bedford.

Fue tal el tamaño de irregularidades encontradas en la Legislatura LVIII, que los legisladores, especialmente los integrantes de la junta de coordinación política de la LIX (el priista Roberto Marrufo, el panista José María Martínez, el perredista Raúl Vargas, y Enrique Aubry, del Partido Verde), y los dirigentes partidistas buscaron por todos los medios enlatar la auditoría y negociar las culpas en lo oscurito, sin darla a conocer a la opinión pública, porque absolutamente todos los partidos resultaban involucrados en las corruptelas.

Luego de meses de presión, la auditoría se abrió y se conocieron anomalías que siguen en la impunidad por la trama de complicidades de la partidocracia.

Si el gobierno de Aristóteles rompe con esta inercia y va por los responsables que militan en todos los partidos políticos en contienda, incluido el suyo, en el Caso López Castro y en los desvíos de las dos pasadas Legislaturas, además de diluir sospechas de usar la justicia con fines electorales, pasará a la historia como el gobernante que puso  fin a años de impunidad en la clase política jalisciense. Ojalá aproveché esta oportunidad histórica.

jaime.barrera@milenio.com

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