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Lo que nos dejaron las popochas de Tlajomulco

Más allá de la capitalización político partidista que quisieron hacer de la mortandad de peces en la Laguna de Cajititlán los llamados cuartos de guerra tanto del gobierno estatal como del Partido Movimiento Ciudadano, lo importante es que este episodio nos volvió a recordar el grave problema que tenemos en materia del saneamiento de aguas en Jalisco.

Porque mientras al principio de esta crisis se habló de que se trataba de un fenómeno natural y cíclico, los primeros estudios y peritajes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, afirman que la contaminación de esa laguna es de seis veces más de lo permitido y que en algo influyó para la muerte de toneladas de peces conocidos como popochas.

Aunque por el rompimiento de relaciones que anunció el Partido Movimiento Ciudadano con el gobierno estatal, el alcalde Ismael del Toro vio inicialmente estos estudios con desconfianza e incluso como un madruguete de las autoridades estatales, el pasado fin de semana hubo un acercamiento entre ambas partes, e incluso el acuerdo de fusionar las mesas para analizar el fenómeno y cotejar más estudios de lo que sucede en ese vaso.

Desde luego que lo deseable es que los análisis hechos por el IJCF coincidan plenamente con los que mandó pedir el gobierno de Tlajomulco, lo que descartaría cualquier uso político de una dependencia que debe conducirse exclusivamente con criterios técnicos y científicos. En ese sentido el buen prestigio de este centro forense, ganado incluso a nivel nacional, se consolidaría.

Enhorabuena la conjunción de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para resolver el problema en la Laguna de Cajititlán, pero es también urgente revisar el caso del saneamiento de aguas en muchos municipios del interior del estado, antes de que estallen más crisis como la vivida en Tlajomulco.

En la edición del pasado 5 de septiembre, dimos cuenta cómo en Jalisco hay 135 elefantes blancos que están contribuyendo a la degradación y contaminación de muchos cuerpos de agua en la entidad. Se trata de 135 plantas de tratamiento que casi un igual número de municipios tienen paradas, ya que sus alcaldes argumentan que no cuentan con los recursos para operarlas.

A reserva de revisar los costos de operación que representa cada planta de tratamiento y las prioridades en el gasto de los ayuntamientos, el hecho de que lejos de solucionarse, en los últimos tres años el problema se haya duplicado, al pasar de 66 plantas sin funcionar en 2011 a 135 a la fecha, según cifras de la Comisión Estatal del Agua, obliga a que los tres niveles de gobierno en materia ambiental revisen y le den prioridad a ese tema.

Mañana más del tema.

 

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