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Lo sano y lo nocivo del debate de Pensiones

Siempre he sostenido aquí que la competencia política y la alternancia partidista abren la posibilidad de que la gestión de la administración pública mejore en beneficio de la ciudadanía.

Esa apuesta podría ejemplificarse hoy en la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) cuando el representante del Ayuntamiento de Guadalajara, ahora un funcionario ajeno al PRI y miembro del gobierno naranja de Enrique Alfaro, presente ocho peticiones para transparentar la operación de este fondo millonario, producto de las cuotas de más de 120 mil burócratas estatales y de donde salen los cheques para más de 24 mil pensionados.

Esa actitud de apertura y exigencia de transparencia se agradece, más aún por el hecho de que cuando el gobierno panista de Emilio González Márquez dominaba las decisiones en el Ipejal, nunca tuvo la exigencia del representante del gobierno municipal priista que encabezaba el hoy gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Por cierto, la silla del Ayuntamiento tapatío en ese entonces la ocupaba Francisco Ayón, quien hoy preside la Comisión de Administración del Instituto.

Las peticiones que hará el Ayuntamiento de Guadalajara en el consejo de Administración del Ipejal y que adelantó ayer el presidente municipal abonan, sin duda, a poner el foco en el lado oscuro del manejo del fondo de pensiones, que pese a las proyecciones de déficit hoy es uno de los más robustos y sólidos del país. En los últimos tres años creció 32 por ciento al pasar de 23 mil 450 millones de pesos a 30 mil 900. Pero también hay que decir que los rendimientos de los diversos instrumentos de inversión en los que se han metido recursos de los empleados estatales y municipales, se han reducido casi a la mitad en la última década. De 842 millones a 451 millones. Otro indicador preocupante es que hay menos burócratas aportadores de cuotas y más pensionados a los que hay que pagar mensualmente que lo que las proyecciones indicaban, lo que está generando un déficit millonario que podría poner en riesgo al Ipejal en el mediano plazo.

Por eso nada más constructivo que transparentar las tres fuentes de ingresos del Ipejal: las inversiones en portafolios e instrumentos financieros; los cientos de propiedades y terrenos que ha adquirido el instituto a lo largo de su historia, y que van desde departamentos hasta casas y terrenos; y los miles de créditos personales e hipotecarios que dan a los burócratas.

El riesgo es politizar este tema crucial en la vida pública del Estado. Ayer Alfaro ejemplificó excesos en el manejo del Ipejal al exhibir pensiones privilegiadas como la del magistrado del TAE, Eleuterio Valencia, de más de 192 mil pesos mensuales, y la de su adversario político el líder priista José Socorro Velázquez, de casi 156 mil pesos. Pero omitió poner de ejemplo a su tío, el ex regidor tapatío César Gabriel Alfaro Anguiano, quien recibe casi 129 mil pesos, o su primer empleador en el servicio público, Eugenio Ruíz Orozco, con una pensión de más de 168 mil pesos.

Habrá que cuidar, pues, que el espíritu de transparentar Pensiones sea auténticamente ese, y no el de alimentar pretensiones políticas futuras.

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jaime.barrera@milenio.com