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La curva LX del tobogán del desprestigio

El fallo del magistrado Laurentino López Villaseñor, presidente del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) a favor del ex diputado priista Jorge Villanueva Hernández, que alarga la simulación del Congreso de querer recuperar 280 millones de pesos desviados en el 2009, sirvió también para colocar a la LX Legislatura en el lugar que ocupará en la historia.

Y es que a los diputados y diputadas que están por concluir su gestión los atrapó también el paradigmático caso de corrupción de la Legislatura LVIII, que representa el expediente de los 280 millones de pesos, que recordé ayer aquí, nació de la auditoría externa encargada al despacho Rusell-Bedford por la mayoría priista de la recién iniciada Legislatura LIX, para deslindarse de los escándalos que heredaban de un Congreso dominado por los panistas.

Con lo que no contaban los priistas, es que aquella revisión que documentó los muy malos manejos financieros en el edificio de Hidalgo 222 desde finales del 2006 a finales del 2009, no sólo balconeó los desvíos de la mayoritaria fracción panista y la franca complicidad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, sino dejó al descubierto el contubernio de diputados de todos los partidos políticos, incluido de correligionarios suyos.

Al verse involucrados todos, las dirigencias partidistas y los grupos fácticos que las controlan, lo primero que les instruyeron fue tratar a como diera lugar de enlatar la auditoría privada. Como eso no fue posible por la presión social, los legisladores se convirtieron en el manto de impunidad de sus antecesores. La lista de los principales protagonistas de aquellos episodios está en el RADAR de ayer.

A ese reparto se unirán los integrantes de la LX Legislatura. La de Miguel Castro y Rafael González Pimienta, del PRI, y su incondicional del Verde, Jesús Palos; la de Gildardo Guerrero y José Luis Munguía, del PAN; la de Clemente Castañeda y su debutante bancada del Partido Movimiento Ciudadano; y la de Enrique Velázquez, del PRD.

Debido a la enorme irritación social por la impunidad que encontraron a su llegada al Congreso, todos ellos pronunciaron encendidos discursos en los que prometían poner fin a esta inercia y recuperar el respeto por la figura del diputado. Sin embargo sus palabras quedaron huecas días después cuando el auditor Alonso Godoy Pelayo les ignoró el acuerdo del pleno donde le exigían su retiro para no dañar más la imagen del Congreso, por su complicidad con las dos anteriores Legislaturas.

A cuatro meses de terminar su labor, siguen igual hechos bolas con el caso del cargo de los 280 millones de pesos, y atrapados en la trama corrupta que se propusieron desmontar, y que los llevó ayer a repetirse otro festín de impunidad como el que se recetaron en octubre de 2013.

Pasarán, pues, a la historia como los que prolongaron el tobogán del desprestigio por el que se desliza el Poder Legislativo desde hace al menos una década.

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jaime.barrera@milenio.com