Radar

Corrupción académica magistral

El título del Radar de hoy parafrasea el título que lleva la última investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en colaboración con el portal Animal Político: La Estafa Maestra, graduados en desaparecer dinero público.

Un amplio reportaje que presentaron el lunes la primera parte, y ayer la segunda, y que vino después de que también revelaron cómo el titular de la PGR, Raúl Cervantes, que aspira a ser el Fiscal General de este País los próximos 9 años, registró su Ferrari de más de tres millones de pesos que adquirió cuando fue senador, en un domicilio fantasma de Morelos.

Este escándalo debe bastar para que el Procurador renuncie a su pretensión de convertirse en el Fiscal Carnal como le dicen los opositores que con toda razón cuestionan su incondicionalidad al PRI y al Presidente Enrique Peña. Se destrabará con ello la crisis constitucional con la que amanecimos hoy al no instalar la mesa directiva de la Cámara de Diputados, luego de que ayer tuvieron el despropósito de “parar el reloj legislativo”. Pero volvamos a La Estafa Maestra, este reportaje que revela cómo Pemex, Sedesol, Fovissste, la SCT, Banobras, la SEP,  Sagarpa, Senasica, el RAN, Economía y el INEA, utilizaron a 8 universidades e instituciones educativas, para desviar 7 mil 670 millones de pesos, a través de la contratación de 186 empresas, 128 de las cuales eran fantasmas o presentaban algún tipo de irregularidad. De este tipo de convenios tuvimos noticia aquí a fines de junio pasado cuando la Secretaría de la Función Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación la inhabilitación a la Universidad de Guadalajara por falsear datos en un convenio de la constructora universitaria Uniterra, en la edificación de una clínica del IMSS en Cabo San Lucas, Baja California Sur. De hecho el IMSS había impuesto una multa de 373 mil pesos justo porque la empresa universitaria había subcontratado más del 51 por ciento del monto del convenio. Las autoridades de la UdeG rechazaron estas acusaciones, pidieron una revisión de las sanciones y fueron exoneradas. Desde inicios de esta década y con el fin de que las universidades tuvieran una fuente alternativa de ingresos, se legisló que cualquier ente público pudiera contratar los servicios de universidades e instituciones de educación superior, con la condición de no hacer subcontrataciones por más de la mitad del monto del convenio. Lo que hoy queda claro es que este esquema se desvirtuó como muchas cosas en México por la impunidad y la corrupción, y degeneró en la coartada para evadir la Ley de Adquisiciones y desviar miles de millones de pesos, en un modelo parecido al del ex gobernador de Veracruz detenido, Javier Duarte. Dentro de la devastadora noticia de que la alta corrupción alcanzó a las universidades, en donde en teoría se deben promover los valores de la honestidad y la ética que combatan la cultura de la ilegalidad que ahoga al País, queda el aliento de que esta gran investigación periodística tuvo pistas claves en la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación que nos permite confiar en que se desmantele esta nueva trama corrupta, y para que sus creadores, seguramente de muy altos niveles del gobierno federal, no queden impunes.

jaime.barrera@milenio.com

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