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La contradicción que se va con el fuero

Por donde se le vea, es una buena noticia la decisión de los diputados locales de iniciar el proceso para desaparecer lo que se conoce como el fuero constitucional, aunque el término no esté explícito en la Constitución local ni en la federal.

Si partimos del hecho de que todos los partidos políticos representados en el Congreso local, así como la diputación independiente, acumularon ocho iniciativas que planteaban con diferentes matices modificar la Constitución Política del Estado de Jalisco y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como plantear al Congreso federal también esta adecuación, es claro que finalmente se aprobará también por los ayuntamientos eliminar el fuero a funcionarios y se les pueda procesar si cometen algún delito.

Con esto, Jalisco se convertirá en uno de los primeros del país en quitar esta protección a mil 598 servidores públicos, desde el gobernador, su gabinete, diputados, alcaldes, regidores, magistrados y consejeros, entre otros. Si incurren en algún comportamiento delictivo ya no será necesario iniciarles primero un proceso de desafuero, que se nombra juicio de procedencia en el Congreso, sino que podrán ser denunciados y procesados como cualquier otro ciudadano que viole la ley.

El fuero establecido en el Artículo 111 y el 61 de la Constitución Mexicana nació para proteger a los servidores públicos de alto rango en contra de acusaciones sin fundamento de sus opositores políticos, y a su vez, para que desde el poder, no se inventaran delitos a los líderes de oposición que criticaran posiciones y acciones de gobierno. Sin duda en su momento garantizó la libertad de expresión y el debate democrático por la inmunidad e inviolabilidad del fuero que le daba protección a diputados y líderes políticos, pero en el México de hoy esos derechos están garantizados constitucionalmente, y el fuero más bien ha degenerado en un picaporte para la prepotencia de funcionarios y políticos ante el ciudadano, y en impunidad ante casos de corrupción.

Por eso, ojalá que esta acertada decisión de los diputados locales de eliminar esta figura reactive este debate en el Poder Legislativo federal, que quedó trunco en 2013, y se quite también el fuero a todos los funcionarios federales y locales en todo el país, incluido el Presidente de la República.

Porque quitar el fuero da igualdad entre funcionarios y ciudadanos. Se acaban los mexicanos de primera y de segunda que generaba este precepto y que inclusive vulneraba el Artículo 4 constitucional que establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Esta normalización nos viene muy bien como un primer paso para empezar a abatir las enormes brechas de desconfianza que se han abierto entre los gobiernos y sus gobernados, y que produce cada vez más ingobernados.  

twitter: @jbarrera4