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Las cárceles de Puente Grande en el tobogán

De la grave situación de riesgo que se vive por el hacinamiento y el autogobierno delincuencial en las cárceles del núcleo penitenciario de Puente Grande, he escrito en este espacio en repetidas ocasiones.

El tema es nuevamente obligado a propósito del Pronunciamiento Público sobre Supervisión Penitenciaria que emitió el domingo pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, basado en el Diagnóstico Nacional de las prisiones en México.

Si observamos los resultados de estas últimos cinco evaluaciones anuales de la CNDH, queda claro cómo se han degradado año con año las condiciones de vida de los presos y de operación en el núcleo carcelario de Puente Grande. Mientras que en el 2010 tenía una calificación de 8.37, en 2011 bajó a 8, en 2012 a 7.22, en 2013 a 6.75 y en 2014 cayó a 6.67. Lo que coloca a Jalisco en el top 10 de los peores sistemas carcelarios del país, sólo debajo de Nayarit, Quintana Roo, Tabasco, Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán y Sonora.

A juzgar por lo sucedido en 2015, a lo largo del cual no se registró ninguna acción contundente de parte del gobierno estatal ni para abatir su alto índice de hacinamiento ni para debilitar la fuerza del autogobierno delincuencial, es muy poco probable esperar que el sistema penitenciario jalisciense pare esta caída libre y baje del tobogán en el que se encuentra, en la medición que breve se dará a conocer del año pasado.

Puente Grande mantiene el segundo más grande índice de sobrepoblación carcelaria a nivel nacional.185 por ciento en el Centro de Readaptación Social, donde hay 5 mil reos y su cupo es de 2 mil 78; 120 por ciento en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara, hecho para 3 mil 100 presos y donde hay casi 8 mil; y la cárcel femenil con un 30 por ciento ya que mientras su capacidad es de 376 internas, hay casi 500.

Respecto al autogobierno, en septiembre pasado una investigación de MILENIO JALISCO reveló la muy próspera explotación que hace en estas cárceles al controlar y administrar 33 de las 47 tiendas que operan ahí dentro y que según las facturas que pagan a los abarroteros, venden mercancías por al menos 4 millones 700 mil pesos mensualmente, sin regulación alguna y precios muy por arriba del mercado. Si a eso sumamos las ganancias por cobro de piso y tráfico de alcohol, drogas, mujeres y otros privilegios, sus ingresos crecen exponencialmente.

Habrá que ver si las acciones implementadas este año por la Fiscalía General, que encabeza Eduardo Almaguer, como la entrega de equipos a custodios y la renovación de tecnología para controlar los ingresos, así como una primera revisión general de las celdas que hace años no se hacía, cambia este estado de cosas y ayuda a frenar el deterioro para iniciar la recuperación y mejora de nuestras cárceles. Eso lo veremos en la evaluación de este año.

Si no se logra esa meta, Jalisco estará en permanente riesgo de tornarse más inseguro y violento día con día, por el poder corruptor que se gesta en las cárceles que en teoría deberían ser los instrumentos para abatir tanta impunidad.

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