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¿Y al auditor no hay poder que lo apriete?

El martes pasado planteé aquí la incógnita de si al igual que el árbitro electoral rectificó, lo mismo haría el titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, Alonso Godoy Pelayo, de tomar por sí mismo la decisión de bajarse el sueldo ahora que se supo que es el funcionario que más gana en Jalisco y el auditor más caro de México, y que paradójicamente, tiene a la ASEJ sumida en el descrédito y con las peores evaluaciones de los organismos fiscalizadores en el país.

Ya quedó claro que eso no sucedió, al menos en el plazo que lo hizo el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCJ), Guillermo Alcaraz Cross, quien luego de salir de inmediato a justificar que legalmente le correspondía el sueldo que lo ubicaba como el consejero presidente de los Organismos Públicos Locales Electorales con mayor sueldo, decidió al otro día, junto con sus consejeros, anunciar que dejarían de cobrar el megaaumento que se dieron en enero de entre 16.2  por ciento y 24.7 por ciento, para dejarlo en el 4.4 por ciento dado al resto de los empleados del Instituto “en aras del bien superior que es la legitimidad de la Institución” y para actuar “con responsabilidad” y ser “sensibles ante la situación económica que prevalece en el país”.

El caso del auditor ha sido muy distinto, y muy previsible además por las actitudes autoritarias que todos ya le conocemos. Desde luego no ha mostrado la sensibilidad a la crisis financiera que viven muchos jaliscienses, a la que refirió Cross, y mucho menos preocupación por el prestigio de la ASEJ, ya muy maltrecho por cierto, por los múltiples señalamientos de malos manejos que se hacen en su contra desde hace al menos 5 años. Ni qué decir de que pese a ser el encargado de cuidar de los recursos públicos de Jalisco aproveche el momento para hacer empatía con Ley de Austeridad que entró en vigor el pasado 1 de enero. Claro está que la medianía juarista que debía ser obligada en todo funcionario público no va con él. Lo dice el sueldo que se autoadjudicó y el megaedificio que construyó para sus oficinas, y del que se ha negado a transparentar los gastos de su edificación. La rendición de cuentas, también paradójico en un auditor que las exige, tampoco se le da, y hoy se confirma con el silencio que ha guardado pese a que se le ha buscado para que explique en función de qué consideró que su salario debía ser de 186 mil pesos mensuales.

Pero lo que sí sorprende e irrita es que no haya autoridad en Jalisco que lo llame a cuentas. Porque en el caso del IEPCJ, previo al anuncio de su baja salarial hecho la semana pasada, se supo que a los consejeros electorales les llegaron contundentes mensajes de Casa Jalisco y del cuarto de guerra de la Universidad de Guadalajara para que reconsideraran sus ambiciones monetarias y no pusieran en riesgo la credibilidad ni la legitimidad del IEPCJ a poco más de un par de meses de la elección del 7 del junio.

La pregunta es por qué en el caso de Godoy Pelayo no.

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