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Un auditor automarginado

Jueves y viernes de la semana pasada se realizó la primera reunión plenaria del incipiente Sistema Estatal de Fiscalización, en la que tuve el privilegio de participar para exponer la importancia de este tema en nuestra agenda editorial.

Por lo que ahí vi y escuché, la coordinación a la que está convocando el Contralor Juan José Bañuelos Guardado, bien puede convertirse en la pista de aterrizaje alterna del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en Jalisco.

Porque lo que empezaron a construir contralores de las dependencias estatales y de los Organismos Públicos Descentralizados, con los controles municipales, los del Poder Legislativo y del Judicial, e incluso con los de la propia Auditoría Superior del Estado de Jalisco, desde agosto del año pasado que se facultó a la contraloría estatal para suscribir convenios de vinculación, sin perder el respeto a la división de poderes y órdenes de gobierno, bien se puede convertir en el espacio en donde se diseñe un nuevo modelo para combatir la impunidad en nuestra entidad.

Esta discusión ha sido evadida por años por la clase política y gubernamental, así como por los poderes fácticos que las controlan, para que persista un sistema de fiscalización a modo, que garantiza impunidad a la corrupción, canonjías y privilegios.

Esta trama corrupta es la que promueve todas las resistencias de la partidocracia que se expresa en la actual LX Legislatura, cuyos diputados y diputadas del PRI, del PAN,  partido Movimiento Ciudadano, del PRD y del Partido Verde, han ignorado y menospreciado impunemente dos iniciativas ciudadanas para reformar la Ley de Fiscalización.

Esta omisión en el Poder Legislativo ha podrido también la credibilidad y el prestigio de su institución fiscalizadora: la ASEJ, que junto con el también cuestionado Tribunal Administrativo del Estado (TAE) son las instituciones en las que, en teoría, deberá aterrizar en Jalisco el SNA.

Clave en la pérdida de confianza de la ASEJ, han sido los escándalos de corrupción en los que se ha visto inmiscuido su titular Alonso Godoy Pelayo, quien ignoró a inicios de la actual Legislatura la petición unánime de los diputados para que dejara el puesto por afectar la imagen del Congreso y del propio órgano fiscalizador.

Tal vez a eso se deba la ausencia de Godoy Pelayo en el más importante foro de fiscalización al que se ha convocado en los últimos años y en un momento decisivo para avanzar en esta demanda generacional de combate a la corrupción, de impulso a la transparencia y la rendición de cuentas. No es la primera vez. También ha desairado el debate sobre esta materia al que lo han convocado en varias ocasiones organizaciones de la sociedad civil, al igual que ha ignorado los citatorios de los diputados para que rinda cuentas.

Así, el principal fiscalizador de Jalisco se automargina de las discusiones de su quehacer público, que en una situación de normalidad, estaría obligado a ser protagonista.

Su destierro de los foros por la poca autoridad moral que le acompaña, es otra prueba de la urgencia en Jalisco de crear las instituciones que frenen tanta voracidad, en la que el gremio de los contralores parecen estar empeñados.

 

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jaime.barrera@milenio.com