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"Talibanes" bajo amparos

La detención de Luis Fernando González Esparza, considerado por la Fiscalía General del Estado, el líder de los llamados abogados talibanes, y de Pablo Osuna Pérez, quienes el fin de semana salieron libres bajo fianza, produjo toda una cascada de amparos de otros abogados denunciados por irregularidades en litigios laborales de empresas privadas y dependencias públicas.

Hasta ayer eran 21 los amparos: 14 de ellos por el archivo de las averiguaciones por las denuncias que hizo Eduardo Almaguer Ramírez cuando fue secretario del Trabajo y Previsión Social, 6 más para evitar órdenes de aprehensión y uno por derecho de petición.

Entre los que tramitaron estos juicios aparecen José Israel de Jesús Gómez Guzmán, Juan Carlos Orozco Flores, María Ofelia Carvajal García, Celia Uribe Rojas, Mónica Contreras Escoto, Felipe Nieto Zavala, Octavio Acosta Gallardo, Jorge Alejandro González Esparza, Humberto Ramírez Cervantes, Rodolfo de Jesús Alcántar López, Francia Natali Delgadillo Reynoso, Fernando López Martínez, Juan Carlos Vargas Silva, Juan Omar González Pineda y Uriel Alejandro Parga Ramírez, este último ex funcionario del SIAPA y hoy funcionario de la Comisión Estatal del Agua.

Fue justo en el SIAPA donde se ubicaron la primeras corruptelas entre funcionarios, principalmente del área jurídica, que en colusión con los abogados talibanes estuvieron a punto de pagar 35 millones de pesos a dos ex notificadores por juicios laborales a todas luces ilegales y que MILENIO JALISCO reveló a mediados del 2013.

Vinieron después 26 denuncias que presentó Almaguer como parte de una inédita y abierta batalla contra la ilegal, corrupta e impune industria de los laudos fraudulentos, que por años desfalcó empresas y presupuestos públicos, en especial los Ayuntamientos. En Guadalajara por ejemplo, el actual gobierno alfarista denunció penalmente también a los ex funcionarios de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval y de Ramiro Hernández, que se coludieron con abogados talibanes para hacer perder juicios laborales al Ayuntamiento tapatío, y que significó un quebranto millonario.

A diferencia de sus antecesores que dejaron hacer y pasar, seguramente a cambio de parte de esas ganancias ilegales, Almaguer denunció esta trama corrupta en la Fiscalía, lo que provocó la ira de este grupo de abogados, a quienes incluso el funcionario acusó de amenazas por haber presentado las querellas en su contra.

En ese sentido, las detenciones y la lluvia de amparos de los abogados talibanes significan un paso más de Almaguer, al detener como fiscal a los que denunció como titular de la STyPS, y buscar así poner fin a décadas de impunidad por estos robos millonarios disfrazados de litigios laborales.

 

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