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Seguridad: el reto se llama confianza

Uno de los objetivos que el ex Fiscal Luis Carlos Nájera se fijó desde el principio de su gestión, y uno de los motivos por lo que planteó la creación de la superestructura de la Fiscalía General, fue la de recuperar la confianza de los ciudadanos en policías y órganos de procuración de justicia, que se reflejara en un mayor número de denuncias.

Pronosticaba que con la fusión de la ex Procuraduría de Justicia del Estado y la ex Secretaría de Seguridad Pública, que había encabezado los seis años anteriores, sería clave para alcanzar esa meta.

“Criticamos mucho cuando estamos en el área de seguridad la falta de comunión, de comunicación entre instancias y hoy que tenemos todas las instancias creo que la única forma de justificar el trabajo que se hace, pues es dando resultados”. me dijo Nájera en una entrevista, meses después del arranque de funciones de la nueva Fiscalía.

Si analizamos los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (Envipe) que realiza el INEGI, es claro que este objetivo no se logró en esta primera etapa de la Fiscalía que encabezó Nájera. Queda claro en esas cifras que pese al incremento en el número de ciudadanos que se dijeron víctimas de algún delito, se redujo la cantidad de los que acudieron a denunciar al ministerio público.

Como lo publicamos en nuestra edición de ayer, las personas que reportaron ser víctimas de delitos subieron en Jalisco del 2012 al 2014 un 32 por ciento al pasar de un millón 298 mil 290 a un millón 714 mil 968, sin embargo los delitos denunciados bajaron en el mismo lapso del 11.8 por ciento al 10.7 por ciento.

Hay pues, de entrada, un claro problema de confianza que queda pendiente resolver a Eduardo Almaguer Ramírez, de ser ratificado hoy en el Congreso como el nuevo Fiscal General.

Para ello hay que empezar por eficientar el servicio en las ventanillas de los ministerios públicos para agilizar el servicio y disminuir el margen para la corrupción. La Envipe de 2014 demuestra que lejos de acortar el tiempo para levantar una denuncia, se alargó. Según los ciudadanos encuestados que acudieron a denunciar  su trámite pasó de dos horas a cuatro horas en promedio.

Ese sería, desde luego, sólo el primer paso, ya que para poder recuperar la confianza ciudadana y disminuir la percepción de inseguridad es indispensable abatir los altos índices de impunidad para delincuentes y funcionarios corruptos. Los ciudadanos temen denunciar porque temen que la policía y los ministerios públicos sean equipo de los delincuentes. O de plano que de nada sirva denunciar, ya que nunca se castigue a los que delinquen.

En esa perspectiva, hay también una gran área de oportunidad para relanzar la Fiscalía General si se retoman los muy numerosos expedientes que hay en contra de ex funcionarios, servidores públicos y políticos en retiro o activos a quienes se les han acreditado desvíos del erario y que nunca avanzaron en la era de Nájera en la dependencia cuya principal misión es el combate a la impunidad.

jaime.barrera@milenio.com

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