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SNA: sin pista de aterrizaje en Jalisco

En medio de la peor crisis de confianza de los mexicanos hacia la clase política y gubernamental, agravada por casos que involucran a la figura presidencial como el de la Casa Blanca, ayer finalmente el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgo la reforma que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Sin duda se trata de una buena noticia que se puede traducir en el arranque de la construcción de nuevas instituciones que combatan de verdad la impunidad y la corrupción, temas que se han colocado como la principal demanda en la agenda generacional, tal y como sucedió con los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo pasado, que se centraron en la exigencia de democracia y elecciones libres, y que se lograron justo por el diseño y nacimiento de una nueva  trama institucional que hizo posible el respeto al voto.

Está claro, sin embargo, que la alternancia partidista que permitió la democracia no generó las instituciones contra la corrupción. Hubo un mal diagnóstico y mucho tiempo perdido en este periodo.

Pensamos que bastaba el cambio de partido político y llevar a personajes de buena reputación para hacer eficientes las labores de las instituciones responsables en teoría de la fiscalización de los recursos públicos, de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, cosa que nunca sucedió.

Por ello, para tratar de recuperarnos y ponernos al día, habrá que trabajar en el marco del SNA en la construcción de un nuevo modelo integral anticorrupción, que era lo que se tuvo que hacer luego de la transición política. 

En Jalisco, está más que claro, tenemos mucho por dónde empezar para contribuir en esta tarea nacional, pero la promulgación del SNA nos sorprende con gravísimos retrasos, que de entrada nos impiden ponernos en sintonía con este tema central en la agenda de México.

La causa de este rezago es la resistencia que por años han desplegado los partidos políticos y los poderes fácticos que los controlan para romper con un modelo de fiscalización que les ha permitido mantener canonjías y privilegios. Prueba de ello, es lo que ha sucedido en la actual LX Legislatura local que ha rehuido y menospreciado dos iniciativas ciudadanas para reformar la Ley de Fiscalización.

Así, los dos pilares en los que habría que empezar a instalar en Jalisco el nuevo sistema anticorrupción están lejos de tener la solidez y credibilidad necesaria para ello. Se trata de la desacreditada Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), y en el no menos polémico Tribunal Administrativo del Estado (TAE).

Mañana más del tema, y cómo los trabajos que se han hecho desde el 2010 en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, y el Sistema Estatal (cuya reunión plenaria será justo mañana viernes) que empezó a impulsar la Contraloría local desde agosto de 2014, pudiera ayudar a no empezar de cero.

jaime.barrera@milenio.com

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