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Política social ahogada en la corrupción

Esa es la conclusión a la que podemos llegar de lo que pasó en el sexenio pasado, luego del nuevo escándalo de corrupción denunciado ante la Fiscalía General del Estado por la Secretaría del Trabajo, que encabeza Eduardo Almaguer, y que involucra a un alto cuadro panista que además de haber sido líder del blanquiazul, fungió hace casi 10 años como alcalde interino de Guadalajara, y fue el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Emilio González Márquez.

Se trata al igual que en el caso de Jorge Sánchez, quien se defiende en libertad por las acusaciones de desvíos del erario en la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público (Iprovipe) luego de ser detenido por horas, de otro político de todas las confianzas del ex mandatario estatal.

Prueba de ello es que Espinoza Guarro fue por el que se decidió Emilio González para que se quedará a cerrar su administración municipal en Guadalajara, cuando pidió licencia a la alcaldía para contender en 2006 por la gubernatura del estado. 

Como lo informó ayer MILENIO JALISCO, Espinoza fue denunciado en abril pasado ante la Fiscalía por los delitos de peculado y desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades,  por el presunto desvío de 1.6 millones de pesos del Servicio Nacional de Empleo, para gastos personales.

A reserva de analizar la defensa del ex funcionario, que dejó firmados vales por los recursos públicos que ahora se le reclaman, lo delicado del caso es que las acusaciones de malos manejos recaen nuevamente en dependencias dedicadas a la atención de los jaliscienses en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Como lo mencioné arriba, hay querellas por el desvío de dinero del Iprovipe, dependencia cuya función principal es dotar de vivienda a los jaliscienses más pobres; hay reclamos de corrupción y denuncias penales en contra de funcionarios del Seguro Popular, institución encargada de velar por la salud de los que no son atendidos y no están afiliados a ningún otro sistema de salud pública; hay denuncias también contra directivos del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), encargados de la construcción de escuelas públicas; y sigue preso el panista Rodolfo Ocampo, ex director del SIAPA, acusado de malversar fondos del Programa Todos con Agua, que envió el Banco Interamericano de Desarrollo para dotar de agua a las colonias más marginadas de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Con las nuevas acusaciones contra el ex titular de la STyPS, se presume el desvío de recursos que tenían como fin llevar trabajo, vivienda, salud, agua y educación a los jaliscienses que viven en pobreza extrema. En otras palabras, la política social se fue por el amplio caño de la corrupción y la impunidad que padecemos.

Mañana más del tema.

 

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jaime.barrera@milenio.com