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¿Podrán 21 Instituciones con el Congreso?

Los integrantes de la LX Legislatura tienen la palabra y la respuesta a esta incógnita.

La pregunta tiene que ver con el futuro, con lo que pasará con la iniciativa que el Consejo Económico y Social de Jalisco (Cesjal) presentó hace unos días al Congreso para implementar un nuevo sistema de fiscalización en el estado.

La petición de este órgano que agrupa a las cúpulas empresariales, a sindicatos, a las principales universidades y al sector social de la entidad, reafirma la crisis que tenemos en la revisión de cómo se gasta el dinero de nuestros impuestos, por un modelo caduco y que quedó atrapado en una trama corrupta que más que combatir, ha venido perpetuando la impunidad.

¿Correrá la misma suerte que la primera iniciativa ciudadana que presentaron organizaciones de la sociedad civil como el Congreso Ciudadano y el Observatorio Legislativo para reformar la Ley de Fiscalización, y que está congelada, sin llegar a su discusión al pleno, desde el mes de agosto pasado?

Sería muy grave que eso pasara. No sólo porque confirmaría la insensibilidad de nuestros legisladores y legisladoras a los reclamos de sus representados de que asuman decisiones y actitudes que abonen en la reconstrucción de confianza, y exhibiría también de nueva cuenta la sumisión que tienen ante los poderes fácticos que les prohíben tocar al titular de la Auditoría Superior del Estado, Alonso Godoy Pelayo, sino porque dejarían muy mal parado al Cesjal y a las 21 instituciones que lo constituyen.

El Cesjal se autodefine como “un órgano autónomo cuya tarea es representar a un importante sector de la sociedad civil organizada ante las instancias gubernamentales”. También como un “organismo ciudadano que se ha convertido en el aliado estratégico de las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades del Estado”.

A punto de cumplir una década de funcionamiento, en el Cesjal participa el sector empresarial (Coparmex, Canaco, CCIJ, el Centro Bancario de Jalisco, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos y el Consejo Agropecuario de Jalisco), el sector social (la Unión de Cooperativas de Jalisco, la Unión Ganadera, CROC, CTM, CNC, CROM, y los propietarios rurales) y el sector académico y asistencial (la UdeG, el ITESO, la UAG, el TEC de Monterrey, la Federación de Colegios de Profesionistas, Cáritas de Guadalajara y Corporativa de Fundaciones).

Esta iniciativa, pues, viene potentemente respaldada y podría empujar el debate que desde agosto propusieron organizaciones de la sociedad civil, a las que el Cesjal dice apoyar. Esas OSC han recibido el desprecio de los legisladores. Sería muy grave para Jalisco que la historia se repita. Que ni estas 21 instituciones puedan sacar de su sometimiento al Congreso local. Ojalá sus representantes estén atentos y cuiden el prestigio de sus propias organizaciones.

 

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jaime.barrera@milenio.com