Radar

Paraíso de impunidad intacto

A propósito del “Plan Integral para erradicar prácticas de corrupción en la Secretaría de Movilidad” que se presentó el lunes pasado, concluí ayer que en el contexto de la severa crisis de fiscalización de los recursos públicos que padece Jalisco, el éxito de esta empresa sería toda una hazaña.

Porque pese a las permanentes denuncias de corrupción el paraíso de impunidad se mantiene intacto en nuestra entidad.

Legislaturas van y vienen, y ninguna de ellas se atreve a romper con el modelo de revisión del gasto público laxo y a modo para la clase política y gubernamental que por años ha ejercido la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) en la que nadie cree, y que lejos de combatir, estimula la corrupción y la impunidad.

Un claro ejemplo de esta simulación es lo que pasó con la revisión del ejercicio presupuestal del pasado sexenio del panista Emilio González Márquez. Mientras su amigo, el titular de la ASEJ, Alonso Godoy Pelayo, le aprobó sus cuentas públicas en cero o con observaciones mínimas, el actual contralor Juan José Bañuelos Guardado detectó gastos injustificados por 7 mil millones de pesos, tan sólo en la cuenta del 2012.

Aunque el Contralor convirtió en denuncias penales algunas de estas observaciones, sólo tres de ellas han prosperado en la Fiscalía en casi tres años, dos contra funcionarios menores del Seguro Popular y del ex Iprovipe. La del ex titular del SIAPA, Rodolfo Ocampo, preso desde el 2013 no pasó siquiera por la Contraloría.

Ayer el Fiscal Eduardo Almaguer dejó entrever que durante la gestión de su antecesor Luis Carlos Nájera, quien fue compañero de gabinete de muchos de los acusados en el gobierno emilista, poco avanzaron esas más de 60 averiguaciones contra ex funcionarios estatales, ex diputados y ex alcaldes. Pero confió en que pese a que muchos de los casos están sin avance, pronto podría lograr varias órdenes de aprehensión.  

De lograrse sería un avance para romper con este paraíso de impunidad que reina en Jalisco y avanzar hacia la construcción de la urgente cultura de la legalidad que se planteaba el lunes en el plan anticorrupción de la Secretaría de Movilidad. Darle prioridad a estas investigaciones, deslindar responsabilidades y señalar cómplices es el único camino para inhibir la corrupción.

El momento también es propicio para avanzar en el combate de la impunidad a las corruptelas por el inicio de las nuevas Administraciones municipales, cuyos alcaldes entrantes han denunciado verbalmente múltiples saqueos y tropelías que han prometido convertir en denuncias ante la Fiscalía, ojalá que así sea y que en esta ocasión transiten con más velocidad.

 

twitter: @jbarrera4   

jaime.barrera@milenio.com