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Ojalá que el criterio no sea el "moche"

El titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, fue enfático: “nosotros no mentimos”.

Esa fue su inmediata respuesta ayer en MILENIO RADIO cuando le cuestioné sobre las contradicciones entre la Secretaría de Hacienda y la dependencia a su cargo respecto a la distribución de los más de 213 millones de pesos que se hicieron el año pasado a 29 municipios de Jalisco.

Como lo informamos en nuestra edición de ayer y lo comenté en este mismo espacio, quedó sentado en documentos oficiales de ambas dependencias cómo se echaron la bolita cuando se les cuestionó por separado sobre los criterios para definir a los municipios beneficiados y los montos para cada uno de ellos. En la dependencia federal aseguraron que ellos sólo mandaron el recurso y el gobierno estatal definió su destino y distribución. Mientras que en la Sepaf sostuvieron que ellos sólo repartieron el dinero a los municipios y los montos dictados por la SHCP.

Pérez Partida insistió ayer en esa versión y consideró que la aparente contradicción se debió a que cuando la SHCP se refiere en su escrito a “entidades federativas”, supone no sólo al gobierno estatal, sino también a diputados federales y a los propios presidentes municipales.

Me aseguró que en caso del fondo de contingencia, el gobierno estatal no tuvo intervención alguna en la definición del reparto, y que los recursos se asignaron a partir de las gestiones hechas por los alcaldes y sus respectivos diputados federales ante la Secretaría de Hacienda para etiquetar proyectos varios.

Si bien este deslinde deja de momento sin responsabilidad a la Sepaf, deja también claro los altos niveles de discrecionalidad con los que se asignan los recursos de este fondo, que es una de las tres bolsas que tiene la federación para el reparto de dinero a estados y municipios.

De entrada, y en el menos peor de los casos, la asignación de estos recursos dependería de los municipios que generan y tienen listos proyectos de obra y de servicios en sus comunidades, y las habilidades de gestión y cabildeo de los diputados federales a los que acuden los alcaldes, ante funcionarios de la SHCP.

Esto supone, sin embargo, que el reparto difícilmente empatará con los municipios que más necesidades y carencias padecen y su distribución, por lo tanto, escapará a criterios claros de jerarquización y de planeación del gasto federal.

Pero lo peor es que, como lo apuntaba ayer, este nivel de discrecionalidad multiplica las posibilidades de corrupción, como el de los famosos moches que exigían legisladores federales a alcaldes por la gestión de recursos, y que quedaron plenamente documentados y siguen impunes. Ojalá que ese no haya sido el criterio en el reparto de los 213 millones.

 

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jaime.barrera@milenio.com