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"Mamá Rosa" nos pone las barbas a remojar

Coincido con Ciro Gómez Leyva y Carlos Puig en que el operativo del martes en el albergue La Gran Familia fue un exceso y que pareció que más que ir por la señora Rosa del Carmen Verduzco, MamáRosa, iban por La Tuta, líder de los Caballeros Templarios, convertido en el enemigo número uno de los michoacanos, desde la intervención del gobierno federal en nuestra entidad vecina.

Y es que para rescatar a los 600 inquilinos, entre los que se acreditó ya a un menor jalisciense, de este albergue que funcionó por décadas en Zamora, llegaron grupos fuertemente armados de corporaciones federales, estatales y municipales. Tanto montón provocó extrañeza en conocidas y autorizadas voces que salieron en defensa de MamáRosa y pusieron en duda este operativo gigante, que deberá justificarse con el deslinde claro de responsabilidades y la comprobación plena de los abusos que presuntamente ahí se cometían.

El caso cobró especial relevancia en Jalisco por las versiones de la Fundación FIND A.C. de que por ahí pasaron al menos 200 menores que fueron enviados en procesos poco claros de albergues bajo la responsabilidad aquí del Consejo Estatal de la Familia en la pasada Administración.

Pero lo más preocupante es que la historia de Mamá Rosa raspa también al actual gobierno priista ya que poco hizo para ver por el caso del pequeño Salvador, por el que la Comisión Estatal de Derechos Humanos recomendó desde enero pasado al DIF Jalisco y al CEF rescatar al menor del albergue La Gran Familia, al acreditar abandono institucional en la recomendación 1/14. La petición fue ignorada al grado que el requerimiento de avances que les hizo la CEDHJ el 30 de mayo pasado sobre este caso, ni se respondió ni se responderá porque estalló primero la crisis en este centro infantil en Zamora.

La crisis en este albergue michoacano nos recuerda a todos el poco avance que se ha logrado en un tema que en Jalisco hizo crisis desde el 2011 cuando se conocieron casos de tráfico de menores, que involucraban a autoridades responsables de los procesos de adopción y la administración de los albergues donde se atiende a los menores de familias en disfuncionalidad severa.

De hecho, Juan Manuel Estrada, presidente de FIND, denunció desde 2011 ante la contraloría estatal y la entonces Procuraduría el envío de niños al albergue de Mamá Rosa, con el argumento que no había cabida para ellos en los orfanatorios locales.

Nada se hizo entonces y nada contundente se ha hecho hasta ahora para meter en control los albergues públicos y privados a donde llegan estos menores en alto grado de vulnerabilidad. Desde el 2011 se prometió un gran debate para mejorar y transparentar los procesos de adopción y el funcionamiento de estos centros, muchos de los cuales lejos de ser un refugio están convertidos en un infierno. Ojalá la tragedia de Mamá Rosa nos obligue ahora sí a entrarle al tema.

 

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jaime.barrera@milenio.com